A finales de marzo pasado, el Gobierno había iniciado la vacunación del personal sanitario público de primera línea, pero no estaba incluyendo a los profesionales del sector privado. El 22 de marzo, el presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, explicó a El Diario de Hoy que incluso iban a comunicarse con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para expresar su preocupación ante lo que estaba ocurriendo.
El infectólogo Jorge Panameño, miembro del Colegio Médico, dio más luces sobre lo que ocurrió en esa ocasión.
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En ese escenario de marzo anterior, “hubo incertidumbre de si se iba a vacunar el sector privado”, recordó Panameño, ante declaraciones públicas del ministro de Salud, Francisco Alabí.
“Ante eso, el Colegio Médico buscó una alternativa, y encontramos proveedor oficial para traer al país 300,000 esquemas completos, o sea 600,000 dosis de vacuna Sputnik 5.
Lo íbamos a financiar con recursos propios, vía préstamo, y que se iban a distribuir con un costo para devolver el préstamo”, narró Panameño.
Pero la gestión ya no pudo continuar, pues “el proveedor nos manifestó que había una solicitud de no vendernos a nosotros, de parte del Estado”, explicó Panameño, a pesar de que el Colegio Médico ya había iniciado trámites con la Dirección Nacional de Medicamentos.
Con la compra de este lote de vacunas, la gremial buscaba inmunizar a sus miembros y también a personal administrativo y de enfermería, así como a sus familias, para evitar contagios en el sector, pues “un elevado porcentaje de los médicos fallecidos en la pandemia son del sector privado”, subrayó el doctor Panameño.
Finalmente, el Gobierno comenzó a incluir al personal sanitario del sector privado en las jornadas de vacunación y luego, progresivamente, fue incluyendo otros sectores, como docentes y personal administrativo de instituciones educativas, bomberos, policías, soldados, etc. Pero para los miembros del Colegio Médico, ese bloqueo dejó un precedente sobre cómo el Ejecutivo busca mantener un control total de las vacunas en el territorio.