La Fiscalía entregó al centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac-Funde) información sobre avisos recibidos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
Según los datos revelados por la Fiscalía, la CICIES les ha remitido tres avisos por presunta corrupción en la administración pública.
Todos los casos remitidos por la Comisión son por presuntas negociaciones ilícitas y se encuentran en investigación. No se detalla cuáles son las instituciones públicas implicadas en los supuestos ilícitos.
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Los posibles delitos por los que la CICIES ha notificado a la Fiscalía se basan en el artículo 328 del Código Penal, que establece penas para funcionarios que se beneficien de contratos por razón de su cargo, acepten comisiones o las soliciten.
A juicio de Wilson Sandoval, coordinador de Alac, “es un avance que al menos la información estadística sobre el trabajo de la CICIES junto a la Fiscalía se comparta”.
Sin embargo, manifestó que la CICIES debe evaluar el rol que está jugando ante la “situación crítica de corrupción” que constantemente es expuesta en medios de comunicación. “Deben apuntar a jugar un rol prodemocrático y exponer en la medida de lo posible contra quiénes se presentan los avisos a fin de que la ciudadanía sea debidamente informada”, manifestó.
Además, Sandoval explicó a este medio que si bien no se especifica quiénes son los responsables de los presuntos delitos, “nosotros desde sociedad civil, somos conscientes de que la CICIES no ha conocido de gobiernos locales y por otra parte, solo hay convenios a nivel ejecutivo”. Por tanto, esperan que esos avisos sean sobre el gobierno central.
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El coordinador de Alac añadió que los delitos de negociaciones ilícitas “tienen como sujetos activos (los que delinquen) a funcionarios o empleados públicos”, por lo que los avisos deben estar asociados con autoridades.
“Acá se tiene, por ejemplo, la posibilidad de que un funcionario haya favorecido a algún familiar o amigo en un contrato o saque algún provecho al participar en la negociación”, agregó el experto en transparencia, quien señaló que esto podría traer consigo otros delitos vinculados a la corrupción como cohecho (recibir dádivas a cambio de decisiones en la administración pública).
Sandoval llamó a la Fiscalía a impulsar estos avisos y “acelerarlos” para ejercer una investigación seria sobre estos “sin importar las autoridades involucradas en los posibles delitos”.