En el primer día del juicio contra los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández, acusados de actos arbitrarios y administración fraudulenta, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que en la administración de ambos exfuncionarios presuntamente fueron utilizaron $3.2 millones de las tiendas institucionales para destinarlos a “labores de inteligencia”, así como para pagar sueldos y sobresueldos a algunos empleados.
Las autoridades han señalado que el mal manejo del dinero fue en el periodo que duró la tregua entre las pandillas, entre 2012 y 2013.
El Ministerio Público sostuvo ante el Tribunal Cuarto de Sentencia que los manuales e instructivos de Centros Penales indican que las utilidades que se obtienen de las tiendas que hay en las cárceles deben estar bajo la supervisión del director general de la institución. Ese dinero debe ser invertido en programas de rehabilitación para los reclusos o para realizar mejoras de infraestructura.
Pero durante la investigación, las autoridades no encontraron un informe o documentación que demuestre que los fondos sustraídos de las tiendas haya sido invertido para el pago de fuentes o para desbaratar planes de fuga, manifestó uno de los fiscales.
Agregó que los directores generales únicamente le pedían a los coordinadores de las tiendas institucionales que les emitieran cheques con diferentes montos de dinero, el cual era usado para pagar sobresueldos de hasta $500 a un empleado; algunas veces esa cantidad triplicaba el sueldo que recibía el funcionario. A la coordinadora de las tiendas, según la Fiscalía General, no se le preguntaba si había disponibilidad de fondos provenientes de las utilidades que registraban los negocios.
Durante el juicio declararon los exministros de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo, en el gobierno de Mauricio Funes, y Benito Lara, en la administración de Salvador Sánchez Cerén. Ambos ratificaron que la administración y supervisión del dinero de las tiendas institucionales está bajo la responsabilidad del director general de Centros Penales.
Perdomo declaró que en su gestión pidió a la Corte de Cuentas de la República que hiciera una auditoría a las tiendas porque fue alertado por algunos proveedores que Centros Penales les adeudaba $2,000,000, por lo que ya no le podían dar crédito.
Cuando el funcionario pidió un informe este reveló que la mora era producto de ” desórdenes y falta de control administrativo”.
Está previsto que el juicio termine la otra semana y que declaren otros ochos testigos.