Por tercera vez se suspendió el juicio contra los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández; quienes son acusados por la Fiscalía General de supuestos actos de corrupción en las tiendas institucionales por más de 206 mil dólares.
El Tribunal Cuarto de Sentencia reprogramó la diligencia para el próximo jueves. La suspensión se debió a que uno de los tres jueces del referido tribunal fue enviado a una capacitación en el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Entonces se nombró a un juez suplente, pero resultó que este juzgador ya había conocido el proceso en la etapa de instrucción, por lo que no puede conocer de nuevo.
Sin embargo, los fiscales y defensores aprovecharán estos tres días para depurar las pruebas documentales y periciales, explicó el fiscal del caso, Arturo Cruz.
“Ya que mucha de esa prueba la analizó el perito financiero tanto de la Fiscalía como de la Defensa, y no es viable que se analice como prueba documental y como prueba pericial, entonces se va a depurar la misma”, dijo Cruz.
Rauda y Hernández son acusados por la Fiscalía General de haber hecho un mal uso de los fondos de las tiendas institucionales del sistema penitenciario.
Los 2 exfuncionarios son acusados por
Administración fraudulenta
Actos arbitrarios
@FGRcontraLacorrupción pic.twitter.com/A5XjzCsJ8D— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) August 26, 2019
“Excedieron las facultades que les confiere la Ley para el uso de esos fondos institucionales, ya que los utilizaron para pagos de servicios de inteligencia que no existe ninguna prueba de que efectivamente dichos fondos se hayan utilizado para una labor de seguridad o de inteligencia”, dijo Cruz, quien agregó que “únicamente se cuenta con la erogación de los fondos a través de los cheques y también en la utilización de otras actividades de índole administrativa de la Dirección General de Centros Penales”.
La Ley Penitenciaria establece que los fondos de las tiendas institucionales de los penales solo se emplearán para actividades en beneficio de la población reclusa y de la infraestructura de los centros penales.
Cruz señaló que solo para el pago de servicios de inteligencia se erogaron 206 mil dólares en las administraciones de Rauda y Hernández; que coincidieron en el período de la tregua entre las pandillas de 2012 y 2013.
Por su parte, Rauda y Hernández dijeron estar confiados de que saldrán bien librados de esas acusaciones porque según ellos, no hay pruebas de ese supuesta malversación de fondos.
“Esperamos que se imparta justicia y que quede totalmente claro tanto para la administración de justicia del país como para la sociedad en general que su servidor ni el licenciado Hernández hicimos nada ilegal durante el tiempo que permanecimos como directores de centros penales y que mucho menos utilizamos los fondos de las tiendas institucionales para actividades ilícitas”, dijo Rauda.
Hernández aseguró que “cada gasto está debidamente fundamentado, el mismo peritaje de la Fiscalía presenta algunas conclusiones que dejan entrever algunas cosas que obviamente las vamos a discutir como parte de nuestra estrategia de defensa”.
Manuel Chacón, defensor de Rauda, sostuvo que “con las pruebas que hay, estamos convencidos de que estas personas son inocentes….No se crearon pruebas falsas, se armó sin la suficiente prueba”.
En mayo pasado, Rauda fue condenado a tres años de trabajos de utilidad pública por el Juzgado Antimafia de Sentencia A por haber permitido el ingreso de personas no autorizadas a los penales y autorizar el traslado de cabecillas de pandillas sin ninguna justificación legal en el período de la tregua entre las pandillas. Junto a Rauda fue sentenciado a la misma pena, el exinspector de Centros Penales, Anilber Rodríguez.