El desafuero de dos diputados de la bancada cian, José García y Gerardo Aguilar, así como el uso de diputados suplentes para ciertas votaciones como la reelección del fiscal general, Rodolfo Delgado, deja al descubierto la sospecha que tienen varios diputados de la oposición, que en Nuevas Ideas existe un fraccionamiento originado por “luchas de poder”.
“Este es un proceso de desafuero realmente bastante complicado de entenderlo, primero, porque esto se da a partir de luchas internas de poder al interior del partido oficial, a nadie escapa que hay tres grupos dentro de la fracción legislativa, un grupo que lidera el presidente de la Asamblea (Ernesto Castro); otro grupo que lidera el jefe de fracción (Christian Guevara); y otro grupo que no está con ninguno de los dos, que quieren hacer las cosas bien, pero no los dejan”, analizó Portillo Cuadra.
Con Portillo Cuadra, ya son varios diputados de la oposición que han observado al interior de Nuevas Ideas una división, pese a que la bancada cian intenta ocultarlo.
Sin embargo, la presencia de las autoridades del partido oficialista en la plenaria de desafuero de dos de sus miembros fue un mensaje claro para los diputados de Nuevas Ideas.
"Llegaron justamente a presenciar toda la plenaria, a presenciar quien votaba en contra o quien no votaba, no llegaron de visita, sino para decir: aquí estamos y veremos quién se sale del huacal", asevera Portillo Cuadra.
El jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, aseguró hace unos días que el “lenguaje corporal” de sus colegas del oficialismo cuando tienen que votar por medidas en las que no están de acuerdo hablan de su incomodidad al ser obligados a hacerlo, pues no quieren cargar con “el costo político” de hacerlo, secundó también la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz.
Según Guevara, el distanciamiento interno en Nuevas Ideas se vio también cuando la Asamblea aprobó las reformas al Código Procesal Penal para crear la figura del agente encubierto digital, cuya finalidad, de acuerdo a expertos en informática y abogados, es “espiar” a periodistas, organizaciones de la sociedad civil y a ciudadanos que no comulguen con el gobierno.
Guevara dice que desde la reelección del fiscal general, han identificado que en otras votaciones como para legalizar el espionaje cibernético, en la discusión de ese dictamen participaron solo legisladores de bajo perfil y bajaron el tono los que más presencia de choque tienen en el pleno.
“Entendemos que es un fraccionamiento que hay entre Nuevas Ideas, pero es una probabilidad, es una valoración política, porque hay ciertos diputados que no estaban del todo a favor de esas reformas. Sabemos que hay muchas diferencias entre ellos”, apuntó Guevara.
Ese mismo día fue retirado del pleno otro dictamen que pretendía dar un nuevo golpe a la transparencia y a la libertad de información y de prensa con reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública para facultar a las instituciones del gobierno a declarar en reserva cualquier dato público que en la ley vigente está clasificada como oficioso.
Una publicación del periódico digital El Faro del 1 de febrero da cuenta que el dictamen de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública no prosperó porque hubo diferencias entre el presidente de la Asamblea y el secretario Jurídico de Casa Presidencial, Conan Castro.
El medio digital señala que al menos cinco parlamentarios del oficialismo se resistieron a aprobar la iniciativa del gobierno, de acuerdo a información que obtuvieron bajo el anonimato de dos diputados de Nuevas Ideas.
“El freno, según explicaron los dos diputados, fue provocado por diferencias entre dos altos funcionarios cercanos al presidente Nayib Bukele: Ernesto Castro, presidente de la Asamblea y exsecretario privado de la Presidencia, y Conan Castro, secretario jurídico de Presidencia. Ambos leales a Bukele desde que era alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012”, dice la publicación de El Faro.
Añaden que sus fuentes les manifestaron que valoraron el “costo político” que acarrearían las reformas planteadas al ocultar la información pública y que ese fue el motivo que hizo que el presidente de la Asamblea se retractara, al tomar en cuenta que ya se había autorizado el espionaje electrónico, otra medida también duramente cuestionada por ser violatoria de los derechos humanos.