Nuevamente, y como ha ocurrido todos los meses en los últimos tres años, la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas aprobó que se mantenga vigente el decreto del régimen de excepción, el cual suspende algunos derechos y garantías constitucionales a la población, como el derecho de defensa.
La petición de prórroga se avaló en la sesión plenaria ordinaria 53 de este miércoles por medio de dispensa de trámites, como ha sido la costumbre del oficialismo. El decreto tendrá vigencia del 6 de mayo al 4 de junio de 2025.
Aunque el discurso del gobierno es que el país se ha convertido en el más seguro del hemisferio, en las justificaciones para mantener la medida de suspensión de derechos alude a que las pandillas en el país aún tratan de reorganizarse. De acuerdo a las justificaciones del Gabinete de Seguridad, han detectado el ingreso de menores de edad a las pandillas, “a quienes se les ha dado lineamientos de reconfigurar esos grupos delictivos, adoptando niveles y mandos para dirigir los delitos de estos grupos en las calles, y estableciendo misiones a sus miembros”.
Este año también se aprobaron reformas a la ley penal juvenil para que los menores de edad detenidos por delitos de crimen organizado sean recluidos en centros penitenciarios de adultos, aunque en pabellones separados.
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Y agrega que han decomisado equipo de protección personal y diversos tipos de armas de fuego a personas capturadas. “Así como la incautación de material videográfico relacionado con la actividad de pandillas, siempre con el objetivo de ser utilizado para la incorporación de nuevos miembros”.
William Soriano, de Nuevas Ideas, respalda la decisión de mantener el régimen por más de tres años. “Decisiones que hoy por hoy colocan a El Salvador como el referente en seguridad en la región. Y es que ahora El Salvador ahora recibe el respaldo de la primera potencia mundial, Estados Unidos. Y ya no solo es un respaldo diplomático, sino que se transforma en una legitimación internacional”, dijo.
Aseguró que las pandillas, “como organizaciones internacionales terroristas”, tienen ramificaciones en Estados Unidos, por lo que es de interés de ese país combatirlas. Y criticó que la oposición no vota a favor del régimen.
Por su parte, el diputado Francisco Lira, de ARENA, se refirió a que el régimen de excepción fue una medida extraordinaria en su primera aprobación.
“Pero una cosa es combatir el crimen y otra muy distinta castigar a un inocente. Hay señales alarmantes, capturas sin órdenes judiciales ni evidencia, ausencia de la defensa legal y lo más grave, miles de personas inocentes recluidas junto a criminales”, expuso.
Y cuestionó la extensión del régimen cuando se han aprobado herramientas legales más severas con las reformas a las leyes penales y que apoyaron algunas de ellas. “El régimen es innecesario, desproporcionado y vulnera los derechos constitucionales”, añadió.
Consignan vota contra voluntad de diputados
Aunque Lira dijo que no iba a emitir ningún voto en la votación nominal y pública, Ernesto Castro y Elisa Rosales presionaron para que votara o a favor o en contra, asegurando que no votar es “en contra”. Lira insistió que no votaría y los directivos decidieron consignar el voto como “en contra”.
La Asamblea reformó su Reglamento Interior para establecer que las votaciones solo será a favor o en contra, con lo que quitó la posibilidad de abstenerse.
La diputada Marcela Villatoro dijo que no les pueden obligar a votar en uno u otro sentido. Y mencionó que en las votaciones a las propuestas que hicieron los diputados oficialistas no votaron ni a favor ni en contra.
Cabe mencionar que con las propuestas de la oposición, los diputados de Nuevas Ideas no emiten votos alguno y se consiga solo los emitidos; pero no procedieron de la misma forma cuando ARENA no quiso votar.
Castro dijo que si no apoya “se consigna en contra”. Villatoro señaló que hacerlo así, es una “ilegalidad”.
Violaciones a derechos y detenciones arbitrarias
El gobierno mantiene el régimen de excepción pese a las constantes denuncias de organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales que reportan detenciones arbitrarias, torturas y muertes en los centros penales y violación de derechos humanos de personas que no tienen vínculos con pandillas.
El pasado martes, Amnistía Internacional (AI) dio a conocer el Informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, que incluye un apartado de la situación en El Salvador.
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Señala que la mayoría de las personas recluidas habían sido acusadas de "agrupaciones ilícitas" y otros delitos relacionados con las pandillas, aunque según datos de las organizaciones locales de derechos humanos, un tercio de las personas que habían sido privadas de libertad bajo el estado de excepción no pertenecían a pandillas ni tenían antecedentes penales de ningún tipo, "lo que reflejaba la aplicación indiscriminada de tales medidas a toda la población".
Según el gobierno, han detenido a más de 85,500 personas en el marco del régimen.
Además, AI reporta que la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos empeoró significativamente durante el prolongado estado de excepción por ataques perpetrados por agentes estatales.
"El gobierno seguía intentando silenciar las voces críticas mediante la criminalización y represión de los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente quienes pedían justicia para las personas detenidas de forma arbitraria y quienes defendían los derechos ambientales y relacionados con la tierra y el territorio", dice el informe.
Además del hostigamiento, vigilancia policial y campañas de difamación en redes sociales.
El pasado lunes, la organización Cristosal denunció que durante el desarrollo de la conferencia de prensa con la organización estadounidense Robert Kennedy Human Rights sobre la situación de los venezolanos recluidos en el sistema penitenciario salvadoreño, agentes de la Policía entraron a las instalaciones y tomaron fotografías del parqueo interno.
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