Proyectos ambientales en ríos Acelhuate y Chilama serán exentos de impuestos

La Asamblea Legislativa aprobó este martes 19 de agosto la exoneración fiscales dirigidos a empresas y contratistas que participen en dos obras de corte ambiental en el país: la planta de generación eléctrica con biogás en el río Acelhuate, en el municipio de San Salvador Centro, y la planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama, con su respectiva ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en el distrito de La Libertad.

Ambas iniciativas forman parte de una agenda de desarrollo ambiental y urbano que busca mejorar las condiciones sanitarias y la sostenibilidad energética del país. El proyecto del Acelhuate estará ubicado entre los distritos de Ciudad Delgado y Cuscatancingo, mientras que la planta del río Chilama estará en el área costera de La Libertad, en la zona paracentral del país.

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La decisión legislativa incluye disposiciones especiales, transitorias y complementarias, cuyo propósito es reducir la carga tributaria durante todas las etapas del desarrollo de estas obras, desde su planificación hasta su entrega final.

¿Qué impuestos quedarán exentos?

Para facilitar el desarrollo de la planta y asegurar la participación de empresas en condiciones competitivas, la Asamblea también avaló un conjunto de incentivos fiscales conforme al Código Tributario y la Ley del IVA. Estas medidas permitirán reducir de forma significativa los costos asociados al proyecto y estimular el interés de firmas especializadas en infraestructura sanitaria.

Las disposiciones contemplan:

• Exención total del IVA para todas las transferencias de bienes y prestación de servicios vinculados directamente con el proyecto.
• Exoneración de derechos arancelarios y gravámenes a la importación de equipos, maquinaria, herramientas y materiales necesarios para la obra.
• Liberación del impuesto sobre la renta para ingresos y utilidades obtenidas exclusivamente por actividades relacionadas con el proyecto, incluyendo contratistas, subcontratistas y proveedores.
• Exención del impuesto sobre transferencia de bienes raíces, siempre que los inmuebles adquiridos se utilicen en la ejecución del proyecto.
• Eliminación de tasas y aranceles por servicios prestados por el Centro Nacional de Registros (CNR).
• Exención del impuesto especial a la primera matrícula para vehículos o bienes muebles corporales destinados al proyecto.
• Exención del pago de impuestos municipales aplicables durante la ejecución del proyecto.
• Facilidades tributarias para evitar retenciones y agilizar los procesos aduaneros y fiscales relacionados.

Además, como control a las empresas que finalmente ejecuten estas obras, los beneficiarios de estas exenciones deberán llevar un registro completo del uso de los incentivos fiscales, y estarán obligados a presentar declaraciones tributarias conforme a las disposiciones del Ministerio de Hacienda. Las Direcciones Generales de Impuestos Internos y de Aduanas podrán verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el decreto.

¿Quiénes serán exentos de impuestos?

Los exentos directos de estas exoneración serán las instituciones responsables y los actores involucrados en la ejecución: la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), la sociedad ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A., así como todas las personas naturales o jurídicas que participen como contratistas, subcontratistas, proveedores o encargados de la supervisión de obra.

Cabe destacar que los beneficios fiscales no aplicarán a actividades personales o no relacionadas directamente con los proyectos, según se especifica en el decreto. La intención, según autoridades fiscales, es garantizar que los recursos se utilicen exclusivamente para fines vinculados a la mejora de la infraestructura ambiental y sanitaria del país.

Gerardo Alberto Ramos Díaz, jefe de la División Jurídica de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, explicó que la exoneración se aplicará desde el momento en que inicie la planificación, diseño y supervisión, hasta la recepción completa de las obras por parte del Estado.

Inversión y financiamiento: ¿de dónde proviene el dinero?

En el caso de la planta de tratamiento del río Chilama y el sistema de alcantarillado sanitario, el proyecto se ejecuta con fondos provenientes de un préstamo del Deutsche Bank, S.A.E.U., por un monto de $71.8 millones. Esta financiación está orientada a mejorar la infraestructura sanitaria de La Libertad, una zona costera clave tanto para el turismo como para el desarrollo local.

Por su parte, la planta de biogás es una apuesta pionera para transformar el tratamiento de residuos del río Acelhuate en una fuente de energía eléctrica limpia. El proyecto será liderado por CEL y marca el primer intento por mitigar el impacto ambiental de uno de los ríos más contaminados del país.

Beneficios ambientales y sociales esperados

Ambos proyectos pretenden atender necesidades estructurales de largo plazo. En el caso del Acelhuate, la generación de energía con biogás no solo reducirá los niveles de contaminación, sino que transformará residuos orgánicos en electricidad. Esto representa una alternativa energética más sostenible y alineada con los objetivos de reducción de la huella de carbono.

El río Acelhuate es uno de los más contaminados del país. Cruza zonas clave de la capital y su corriente desechos sólidos, aguas grises y residuales, vertientes de empresas y edificios, etc.

Para el río Chilama, la planta de tratamiento contribuirá directamente a la mejora de las condiciones sanitarias en una región en crecimiento, previniendo enfermedades de origen hídrico, protegiendo los recursos naturales y facilitando un desarrollo urbano más equilibrado.

Además del impacto ecológico y sanitario, la concreción de estos proyectos busca generar empleo durante su construcción, promueven la transferencia de tecnología y fortalecen la capacidad técnica nacional en áreas clave como ingeniería ambiental, tratamiento de aguas y energías renovables.

Apoyo interinstitucional y vigencia legal

El artículo 7 del decreto establece que todas las instituciones del Estado deberán atender de forma inmediata cualquier requerimiento vinculado con la planificación, diseño y ejecución del proyecto. Esto incluye la tramitación de permisos, servicios técnicos, adquisición de terrenos y cualquier otro procedimiento necesario para garantizar la viabilidad de la obra. El objetivo de este decreto es agilizar los trámites para la operación de las empresas que finalmente ejecuten las obras.

Asimismo, se indica que las disposiciones del decreto tienen carácter especial y prevalecerán sobre cualquier otra ley general o especial que pudiera contradecirlas. Su vigencia comenzará desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial y se mantendrá activa hasta la completa recepción de las obras.