Luego de una serie de críticas, la bancada legislativa del presidente Nayib Bukele retiró de la agenda de la sesión plenaria de ayer el acuerdo con las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública encaminadas a ocultar información que la normativa establece son públicas.
La petición del retiro del acuerdo lo hizo de forma sorpresiva la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, quien pidió que regresara a la comisión de legislación y puntos constitucionales para que pueda “seguir en estudio”.
Tras la solicitud de la legisladora oficialista se escucharon aplausos en el pleno legislativo. Estos provenían de parte de diputados de oposición.
La comisión de legislación había dado este lunes luz verde a las reformas que, entre otras cosas, declaran que la información oficiosa (la que todas las instituciones que manejan fondos públicos deben publicar sin que nadie la pida) se clasifique como reservada (secreta) cuando las instituciones consideren que cumple los requisitos.
VER: Diputados abren la puerta a ocultar información que debía ser pública sin solicitud
Sin embargo, esto causó una ola de críticas por parte de diputados de oposición, defensores del derecho de acceso a la información pública y sociedad civil salvadoreña.
Por ejemplo, este martes, el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información señaló que las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) eliminan la transparencia, consolida la opacidad y "debilitan las herramientas para el combate de la corrupción" en el país.
El dictamen, que fue sorpresivamente retirado de la agenda de los diputados, contiene una propuesta de reformas impulsadas por el Ejecutivo, la cuales fueron presentadas en julio de 2021 ante el órgano legislativo por parte del ministro de gobernación y desarrollo territorial, Juan Carlos Bidegaín.
“Sanciones a particulares”
Un dato importante a destacar, es que la propuesta de reformas a la LAIP incluye sancionar a “particulares” que divulguen información reservada. Según especialistas esto afectaría al periodismo salvadoreño.
A juicio de Xenia Hernández, se “busca sancionar principalmente a periodistas que con sus investigaciones revelan información que el Estado oculta a la ciudadanía, y el medio o periodista que gracias a fuentes revela las irregularidades, posibles ilegalidades y arbitrariedades que cometen los funcionarios”.
La experta añadió que también busca “disuadir a empleados públicos o toda persona para que no revelen información que pueda dar indicios de actor arbitrarios o irregularidades”.
El coordinador de Alac-Funde, Wilson Sandoval, expuso que respecto a tales sanciones “es sumamente ambiguo. No queda claro el mecanismo de sanción y me parece que busca amedrentar a los periodistas de investigación que vienen señalando corrupción en la administración pública”.
En ese mismo sentido opinó la diputada del FMLN, Anabel Belloso, quien subrayó: “Le agregaron esa parte de y particulares”.
“El tema es más sobre la difusión de información reservada, entonces, es en el sentido de que pone en riesgo para el caso de investigaciones periodísticas, algunos casos donde a través de diferentes fuentes tiene acceso a información, talvez no por la vía de la oficina de acceso a la información pública, sino porque alguien les comparte, entonces
que esa persona publique ya lo haría que cometa ese tipo de infracción”, advirtió la legisladora.
Las fuentes consultadas por este medio recalcaron que esto va contra del principio de máxima publicidad y el derecho fundamental en artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
¿Por qué es importante?
¿Qué información es la que dejaría de estar a disposición de la ciudadanía con tales reformas?
Xenia Hernández, directora de la fundación DTJ, dijo a El Diario de Hoy que de aprobarse estas modificaciones “vamos a regresar a una política de opacidad tal y como estaban en los gobiernos anteriores, sin poder conocer información básica como viajes y el monto que suelen destinar a estos, así como los viáticos y las declaraciones de probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”.
La experta en transparencia enfatizó que fueron estas declaraciones las que en su momento permitieron descubrir y que la ciudadanía conociera sobre casos de corrupción de altos funcionarios de gobierno.
Además, indicó que las reformas “evitan conocer el informe de la Corte de Cuentas de la República (CCR) cuando se encuentren irregularidades o indicios de posibles delitos de corrupción por mal uso de fondos públicos que quedan y
constan en los informes de la CCR y que tanto la LAIP como la Ley de la Corte de Cuentas establecen que es información pública”.
Sin embargo, la diputada del FMLN, Anabel Belloso, señaló que las declaraciones de probidad “las quitaron”, pero que “dejan a discreción de las entidades el poder declarar reservada la información oficiosa”. Este dato, si fueron incluidas o no esas declaraciones de probidad, no pudo ser confirmado porque el acuerdo fue retirado.
Wilson Sandoval, coordinador de Alac-Funde, opinó que “de acuerdo con la reforma, se deja un amplio margen sobre información que es pública de oficio, la cual podría ser declarada reservada, como por ejemplo contrataciones, presupuestos, licitaciones, viajes, etc”.
Retroceden.. ¿por ahora?
Luego de que se retiró el dictamen, los diputados de oposición brindaron una conferencia de prensa donde reafirmaron que seguirán uniendo “esfuerzos para que dicha reforma sea archivada de una vez por todas”.
La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, enfatizó que “es importante llamar la atención de la población salvadoreña y de la comunidad internacional para que esté pendiente de lo que pase en El Salvador, en el sentido de que este día se ha retirado el dictamen por segunda vez, que hacia reformas a la LAIP”.
Por su parte, el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wrigth Sol, afirmó que “con el regreso de este dictamen de reformas a la LAIP se abre una oportunidad para rectificar y que estas reformas que realmente son nefastas sean descartadas”, de forma definitiva.
Para el diputado de ARENA, César Reyes, "este pudiera ser catalogado como un triunfo de todos los salvadoreños que creen en la transparencia, de los que creen en el acceso ala información pública como un derecho fundamental y sobre todo de los que creen que El Salvador puede ser una mejor democracia y país".