ARENA, PDC y FMLN aprobaron este miércoles que se notifique a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la instalación y el trabajo que realiza la comisión especial que investiga los hechos acaecidos antes, durante y después del 9 de febrero, fecha en que los militares y la Policía se tomaron el parlamento legislativo.
Los legisladores acordaron informar a ambos organismos debido a que el hecho tuvo trascendencia internacional.
A pocos días de que se diera el “golpe de Estado fallido”, el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, informó que en los próximos días vendría un delegado de la ONU.
En ese momento aseguró que la ONU les ofreció enviar a una “persona de alto nivel” para facilitar una mesa de diálogo entre la Asamblea, el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para resolver el conflicto que se ha generado por la “invasión” del Ejército y autoridades de seguridad pública en la Asamblea el domingo 9 de febrero.
“Ya hay avance, ayer (martes) a temprana hora me reuní con la representante de las Naciones Unidas y ella ha manifestado que hará todos su esfuerzos y en los próximos días vendrá un representante del Secretario General de las Naciones Unidas para entablar un diálogo entre los tres presidentes de los tres Órganos de Estado y empezar a ver como vamos desentrampando las situaciones que nos provocan crisis en nuestro país”, afirmó Ponce en ese monto.
Sin embargo, la ONU en su cuenta de Twitter publicó lo siguiente: “Hemos tenido conversaciones de carácter privado con diferentes sectores, entre la que atendimos una solicitud de reunión del presidente de la Asamblea. Naciones Unidas está siempre abierta a ofrecer sus buenos oficios, pero no prevemos visita del Secretario General”.
También, los diputados de la Comisión especial que investigan los incidentes registrados el pasado 9 de febrero, durante la militarización de la Asamblea Legislativa, se reunió este miércoles y acordó citar para la otra semana al jefe y al subjefe de Seguridad de la Asamblea, así como al encargado de los agentes de la División de Protección de Personalidades Importantes (PPI), para que testifiquen de lo ocurrido ese día.
Cabe recordar que la seguridad personal de los diputados fue retirada un día antes de los hechos del 9 de febrero. Varios legisladores de ARENA y del FMLN denunciaron que fueron víctimas de acoso y persecución por parte de las autoridades de seguridad pública en sus casas.
Además, rechazaron la petición del diputado de GANA, Guillermo Gallegos, de solicitar a la Policía Nacional Civil y al Ministerio de Defensa informes sobre lo ocurrido ese día. Los parlamentarios decidieron que los titulares de ambas instituciones serán citados en diferentes fechas para que brinden sus testimonios de “viva voz”.
Según Gallegos se está criticando un hecho que, a su criterio, no fue un golpe a la institucionalidad y lo calificó como una pérdida de tiempo.
Jorge Schafik Hándal, del FMLN, dijo que están recabando toda la información posible para esclarecer lo que pasó el 9 de febrero.
A los medios de comunicación externos a la Asamblea Legislativa se les pedirá material sin editar sobre la cobertura que hicieron policías y militares durante la toma del Congreso.