Quince diputados han declarado en la Fiscalía sobre militarización de la Asamblea Legislativa

Un mes ha pasado desde que el presidente Bukele militarizó la Asamblea Legislativa, hecho que generó repudio y una contundente condena internacional. La Fiscalía continúa con la investigación y análisis de videos.

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El mensaje del jurista argentino llega a El Salvador pocos días después de que el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, fue interpelado por la Asamblea Legislativa por la irrupción militar que ese órgano sufrió el 9 de febrero. Foto EDH / Lissette Lemus

Por Óscar Iraheta/Cecilia Fuentes

2020-03-09 10:17:30

El Fiscal General de la República, Raúl Melara, informó este lunes que ya han citado a varios parlamentarios a declarar sobre los actos del pasado 9 de febrero tras el fallido golpe de Estado.

Hasta la fecha 15 diputados ya testificaron sobre la militarización de la Asamblea Legislativa. “Todos los diputados que han llegado han manifestado que no encontraron nada anormal, lo que es curioso porque el mismo día dijeron que se había violentado”, mencionó Melara.

El presidente de la República, Nayib Bukele, militarizó el Órgano Legislativo como medida de presión para que los diputados aprueben un préstamo de $109 millones que el gobierno requiere para la fase III del Plan Control Territorial.

Bukele utilizó al Ejército, a la Policía y a las fuerzas antimotines para llegar a la Asamblea y les dio un ultimátum a los diputados. Dichas acciones generaron repudio una contundente condena internacional.

Tras los incidentes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de inconstitucionalidad contra los actos del Consejo de Ministros y Bukele.

En la resolución se pidió a Bukele se abstuviera de hacer uso de la Fuerza Armada “en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”.

Además, la Fiscalía General de la República abrió una investigación y dio trámite al aviso presentado por la Asamblea.

“Hoy por hoy es muy aventurado hablar del cometimiento de un delito en específico, sí podemos hablar tajantemente de abusos, de excesos”, dijo Melara en dicha ocasión.

En una reunión que sostuvo el fiscal general con los diputados de la Comisión Política les pidió entregar los vídeos captados por las cámaras de seguridad del palacio legislativo que muestran los hechos. Si la investigación arroja indicios se podrá tomar acciones legales contra los responsables.

Se cumple un mes de la militarización 

Un mes ha pasado desde que el presidente Bukele militarizó la Asamblea Legislativa y el crédito sigue sin aprobación.

El pasado 6 de marzo, los diputados solicitaron algunas modificaciones para dar sus votos al préstamo de $109 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que servirá para implementar la Fase III del Plan Control Territorial.

Los parlamentarios dijeron que han encontrado unas incongruencias en la información otorgada por el BCIE en comparación con la presentada por Hacienda a la Asamblea Legislativa.

Según los diputados, hay varios gastos que no concuerdan con los precios del mercado. De acuerdo a las declaraciones, del monto total,  18 millones de dólares se pueden reorientar.

Los parlamentarios dijeron que no descartan que se han inflado algunos costos para temas de corrupción.

Uno de los ejemplos son las botas militares. El costo establecido en el contrato del crédito ronda entre $150 a $200 por cada par de botas. El Gobierno plantea adquirir 10,000 pares de botas.

“Como es posible que las botas militares, tanto para la PNC como para la Fuerza Armada, las ponen en $150 cuando solo se mete a Google, en Amazon las botas militares cuestan entre $70 a $75, dicen los diputados: bueno, por qué cuestan el doble, si vamos a comprar 10,000 pares de botas”, explicó el presidente de la Asamblea Mario Ponce.

Reacciones generadas

La tensión entre los poderes de Estado y la forma de proceder del presidente generó reacciones de la comunidad internacional.

La organización internacional de derechos humanos Human Right Watch la calificó como “una demostración de fuerza bruta”. Mientras que la representación de la Unión Europea también mostró su preocupación. La delegación hizo un llamado a las partes implicadas a que se resolviera el conflicto de forma pacífica.

Cuatro días después de los hechos, los senadores estadounidenses Bob Menéndez y Jim Risch pidieron un diálogo pacífico entre Nayib Bukele y la Asamblea Legistativa e informaron de su preocupación por el despliegue de las fuerzas armadas.