Califican como "maniobra dilatoria" suspender el juicio contra líderes de Santa Marta

La Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) y Santa Marta manifestaron su rechazo a la decisión del Juzgado de Sentencia de San Vicente, que el pasado 3 de enero suspendió la vista pública en contra de los cinco líderes ambientalistas, donde la Cámara de lo Penal de Cojutepeque anuló el fallo de sobreseimiento definitivo emitido el pasado 18 de octubre del año pasado, y ordenó su repetición.

La organización califica la medida como una "acción dilatoria", que a su juicio ha tomado como "pretexto" la ausencia de los procesados.

Los denunciantes se amparan en el Código Procesal Penal, el cual permite realizar audiencias de vista pública sin la presencia de los acusados, para dar su respaldo a los acusados al no haber asistido a la celebración de los oficios. En tal sentido manifiestan que "no es válido argumentar su ausencia como motivo de suspensión del nuevo juicio".

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La repetición del juicio en contra de Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Alejandro Laínez García se ha reprogramado para los días 9, 10 y 11 de abril.

"Respetamos la decisión personal de los ambientalistas de no presentarse a la nueva vista pública como acto de resistencia frente a la arbitrariedad y falta de garantías de este sistema judicial cooptado por el gobierno de turno y al servicio de intereses extractivistas", dijo ADES y Santa Marta a través de un comunicado.

Sobre la decisión de repetir el juicio, consideran que no se ha respetado el debido proceso, pues la ley establece que ninguna persona puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa.

Falta de independencia del Juzgado

ADES y Santa Marta muestran además su preocupación ante una posible falta de independencia del Juzgado de Sentencia de San Vicente, que ha intentado impedir la presencia de observadores internacionales en la audiencia judicial.

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El 18 de octubre del año pasado, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque declaró sobreseimiento definitivo para los cinco líderes sociales, acusados de asesinar a una mujer en el contexto del conflicto armado, hecho ocurrido en 1989.

Los ambientalistas fueron procesados desde enero de 2023, y se les acusa de tres delitos: asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas. El caso ha sido catalogado como político por diversas organizaciones.

El 15 de enero pasado, la organización internacional de derechos humanos Front Line Defenders condenó la reapertura del caso y la "criminalización de 5 defensores de los derechos ambientales de Santa Marta".

La iglesia y diversas organizaciones han hecho el llamado también a un cese a la "persecución" y criminalización de defensores de derechos en el país.