La situación que han vivido en el último año los habitantes del cantón Valle de Jesús se asemeja al pasaje bíblico de Moisés y la tierra prometida. Los agricultores de este cantón pueden ver desde sus casas las tierras de los cerros en las que todos los años han cultivado maíz y frijol, pero esta vez se les ha prohibido llegar hasta ellas.
Valle de Jesús es un poblado remoto del municipio de San Fernando, al norte de Chalatenango, separado de Honduras por la frontera natural del río Sumpul, y en el que la tranquilidad de los habitantes solo es interrumpida por el viento que nace entre los cerros que le rodean, creando un paisaje de belleza natural.
Los habitantes de este cantón en su mayoría viven de la agricultura y el comercio informal, sin embargo, desde el inicio de la cuarentena estricta por la pandemia del COVID-19 sus actividades económicas se han visto paralizadas porque el paso hacia Honduras, un año después, aún se encuentra cerrado por un cerco militar, a pesar que, las fronteras ya fueron abiertas en el resto del país.
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Emilio, Luciano y Raúl son tres habitantes de Valle de Jesús que han vivido toda su vida de la agricultura, consideran que la mayoría de los 720 residentes de esta localidad alimentan a sus familias de este rubro.
Emilio Rivera tiene 65 años y su padre le heredó tierras que están al otro lado del río Sumpul, en la jurisdicción Ocotopeque, Honduras, las mismas que su padre había recibido de su abuelo.
En 1993, por la riqueza del terreno, don Emilio decidió comenzar a cultivar café en esas tierras para mantener a su familia, además, en el tiempo de la corta genera empleo para unas 12 personas residentes del Valle de Jesús.
El año pasado, debido a que no hubo acceso, tuvo que pagar a la gente que vive al otro lado del río para cortar el café y vender la producción sin procesar, lo que le significó grandes pérdidas.
“Yo solo pido que nos dejen trabajar libremente en nuestras tierras, son tierras de salvadoreños que también benefician a otros salvadoreños que no tienen parcelas”, solicita el agricultor.
Don Emilio recuerda que desde la Guerra de las Cien Horas, en 1969, durante la cual no podían pasar al otro lado porque corrían el riesgo de ser asesinados, nunca más habían tenido prohibido acceder a sus terrenos que están al lado de Honduras.
El cerco militar a cargo del Comando Sumpul fue instaurado durante la cuarentena estricta por la pandemia de COVID-19 que inició en marzo de 2020 en todo el país.
“Hace un año con lo de la pandemia se cerraron las fronteras, los campesinos esperaban que fuera algo transitorio. Pasado el tiempo de confinamiento los alcaldes de las zonas limítrofes pidieron que se les diera libre tránsito a todas las personas, pero fue cuando del ejecutivo se tomó la decisión de militarizar el paso y se acusó a los ediles de tener nexo con el contrabando”, explica el Obispo de la iglesia católica de Chalatenango Oswaldo Escobar.
El líder católico dice que no es una desición acertada debido a la mayoría de la gente que vive en las zonas limítrofes del municipio de San Fernando son gente humilde, campesinos que sobreviven de las cosechas y no es justo que se les esté haciendo estas violación a sus derechos, incluidos en el Tratado General de Paz entre ambas naciones firmado en 1992 en La Haya.
Gesller Luciano Ventura, de 54 años, quien vive junto a sus hijos y nietos en una casa de bahareque, piso de tierra y techo de teja, relata que la situación está afectando a su familia. “La producción es para el consumo, el sostén de la familia, para poder alimentar a nuestros hijos”, expone.
El derecho a la alimentación está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, y a nivel nacional está contemplado en el artículo 1 de la Constitución inherente al derecho a la vida.
Luciano narra que el cierre prolongado de la frontera está agudizando la pobreza extrema de algunas familias en la zona limítrofe. En su familia el almacenamiento de granos de cosechas anteriores les han mantenido a flote, pero recalca que los granos se le están terminando y debe sembrar este año. “Ahora estamos preocupados porque ya terminado lo que se tiene guardado no vamos hallar para donde salir, solamente Dios con nosotros”, se lamenta.
Entre los agricultores hay personas de la tercera edad como Raúl Pineda Mancía, de 77 años, quien explica que no es la presencia militar lo que molesta a la población, es más, ellos están de acuerdo que haya seguridad en la zona y que se castigue a los que infringen la ley. Él, al igual que los demás, lo que pide es que los dejen pasar al otro lado de la frontera para poder cultivar sus tierras.
El obispo de Chalatenango afirma que en octubre del año pasado la institución católica emitió un comunicado: “Creemos que es un problema innecesario porque son gente pacífica y no vemos la razón por qué no se les permite pasar”, agrega.
Mujeres afectadas
El cierre permanente de la frontera también afecta a las mujeres de la comunidad, puesto que muchas de ellas se dedican a la venta de casa en casa.
Maria Munguía, de 58 años, recuerda que desde hace 25 años se ha dedicado a la venta de casa en casa de perfumes, cremas y otros productos de cuidado personal, lo que le ha permitido criar a sus cuatro hijas, de las cuales una logró terminar su bachillerato y otra sacar una carrera universitaria, lo que requiere de mucho esfuerzo debido a que la universidad más cercana está a más de 50 kilómetros.
Los clientes de doña María viven en las aldeas más cercanas del municipio de Mercedes, en Ocotepeque, y ella no ha podido ir a vender desde hace un año, “Yo pienso que ya es justo que nos dejen trabajar, necesitamos trabajar. Estamos conscientes de los cuidados que debemos tener para no contagiarnos del COVID-19”, agrega.
En la vivienda de María también ofrecen el servicio de trillado y tostado de café, pero ahora el negocio se ha visto afectado porque las personas de Honduras tampoco las dejan pasar. Una de las máquinas para procesar el café la sacó al crédito días antes de la cuarentena y hasta ahora la sigue pagando, aunque las ganancias son pocas.
María comenta que el gobierno hizo entrega de bolsas solidarias durante la cuarentena pero ahora que ya pasó lo más fuerte de la emergencia ellos necesitan trabajar para poder sostener a sus familias.
Para los residentes de San Fernando, en general, es más factible y más barato ir a comprar alimentos, ropa, productos de primera necesidad y hacer uso de algunos servicios odontológicos, al otro lado de la frontera, llegar a los poblados más cercanos a lado de Honduras les toma entre 30 minutos y dos horas en el transporte colectivo a un costo de unos $3.50, en cambio viajar hasta Chalatenango les lleva unas 4 horas y gastan unos $10 dólares de transporte.
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Luciano explica que con el afán de buscarle una solución a la problemática los habitantes se organizaron y tuvieron una reunión con la Policía y un representante del Comando Sumpul. “El artículo 5 de la Constitución establece que no nos pueden restringir el paso de manera arbitraria a menos que alguno de nosotros tuviera una medida cautelar” agrega Luciano.
Los campesinos consideran que la extensión de un documento de identidad binacional, colocar oficinas de aduanas y fronteras podrían ser algunas de las medidas de control que las autoridades pueden tener en la zona.
Los habitantes de los poblados de la frontera niegan que todos estén involucrados en hechos de contrabando y narcotráfico como lo ha querido hacer ver el gobierno, están de acuerdo con que la presencia de agentes de seguridad y militares en la zona, pero no el cierre total.
En un comunicado emitido por Casa Presidencial en abril de 2020, el gobierno informó que el Comando Sumpul se encuentra en 190 puntos ciegos a lo largo de la frontera para evitar el tráfico de drogas, personas y contrabando de mercadería.
Así como Valle de Jesús, en San Fernando, el cierre de las fronteras afecta a poblados en los municipios de San Ignacio, Nombre de Jesús, Arcatao y Nueva Trinidad.
