Abansa advierte disminución de créditos si país no coopera en lucha contra el lavado

Expulsión de Grupo Egmont provocaría que GAFI degrade la calificación de riesgo y catalogue al país como un “no cooperante”.

Por Vanessa Linares

Oct 12, 2018- 18:06

Además de ser considerada como una “nación no cooperante” contra el combate al lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento al terrorismo, otras consecuencias que acarrearía el país si el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) degrada la calificación de riesgo de El Salvador, producto de la sanción del Grupo Egmont, son menos créditos de organismos multilaterales para la banca nacional y, por ende, para las personas, y mayores tasas de intereses.

Los actores económicos, incluyendo el Estado (a través del Ministerio de Hacienda), dejarían de contar con los recursos de la banca multinacional; los bancos internacionales dejarían de aprobar líneas de crédito para los bancos que operan en El Salvador y, al impactar en la relación entre oferta y demanda, sería inevitable un incremento adicional en las tasas de interés, advirtió este viernes la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa).

La gremial señaló que aunque, por sí sola, la sanción del Grupo Edmont no nos etiqueta inmediatamente como un país no cooperante, “es un proceso en el cual si no hacemos los ajustes necesarios sí puede tener ese final infeliz”.

Algunos de los impactos, por ejemplo, estarían en el área de las remesas familiares “porque las cuentas de los bancos que reciben estas transferencias podrían verse afectadas o cerradas por los bancos estadounidenses”, explicó el presidente de Abansa, Raúl Cardenal.

“No podemos darnos el lujo de ser expulsados de esta institución. Eso sería bastante negativo para la imagen del país”, aseguró Cardenal.

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Debido a veto presidencial a decreto, el país entra a lista de paraísos fiscales y no accederá a información financiera internacional. Por lo mismo se prevé que subirán los intereses de los créditos internacionales e incluso los de las tarjetas de crédito y débito.

Grupo Egmont es un organismo internacional que agrupa entidades gubernamentales; está conformado por Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) que crean una red internacional para intercambiar información, conocimientos y tecnología para luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La sanción del organismo, producto de haber incumplido con una de las recomendaciones del GAFI, presenta a El Salvador ante la comunidad internacional como un país que no está apoyando la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción, insistió Abansa.

Asimismo, otra de las consecuencias que advirtió la gremial de bancos es que todas las investigaciones que actualmente está llevando a cabo la UIF no podría continuar de manera efectiva, porque no tendrían información ni ayuda internacional.

Marcela de Jiménez, directora ejecutiva de Abansa, recordó que en la pasada reunión de septiembre, Grupo Egmont programó la expulsión de El Salvador para mediados de 2019, pero tendrá una reunión en enero próximo por lo que aún hay tiempo para que el país solicite revertir la sanción y no llegar a un entorno tan complicado . “Lo importante es que se tomen las acciones para corregir las sanción lo antes posible. Grupo Egmont menciona julio 2019, pero El Salvador debe trabajar en este tema con urgencia”, explicó la representante.

Este jueves, Grupo Egmont comunicó que suspendió a El Salvador porque la UIF salvadoreña no podía asegurar su autonomía.

Banca urge a cumplir observación del GAFI
La Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) urgió a las autoridades a cumplir con las recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y evitar complicaciones en la calificación de riesgo y, por ende, en el sistema financiero.

Para la gremial, las observaciones del organismo fueron claras: la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI) debe mantenerse independiente de la Fiscalía General de la República (FGR) y debe garantizar que no haya fuga de información confidencial.

Aunque los diputados aprobaron una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), a mediados de julio de este año, el Decreto Legislativo N° 57 fue vetado por el Presidente, Salvador Sánchez Cerén.

Abansa llamó a los partidos políticos “para que se pongan de acuerdo para superar el veto presidencial o buscar otra propuesta”.

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