La negativa del presidente Salvador Sánchez Cerén de avalar un decreto que le da más autonomía a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF) le costó a El Salvador ser suspendido de un organismo internacional clave en el combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La sanción significa un riesgo para la cooperación financiera internacional a El Salvador, además de no poder acceder a información financiera de otros países, según explicó hace unos días el Fiscal General, Douglas Meléndez, a los diputados en la Asamblea Legislativa.
Ayer el diputado de ARENA, Mauricio Vargas, lo dejó más claro: la información de movimientos a bancos extranjeros queda restringida, subirán los intereses para acceder a préstamos internacionales y para obtener tarjetas de crédito y débito, porque el país queda catalogado como un paraíso fiscal. “Estamos catalogados como un paraíso fiscal y los dineros van a ser mucho más caros. Nosotros advertimos durante todo este tiempo que esta era la decisión que se iba a tomar; es un retroceso en el combate a la corrupción”, explicó el legislador.
Otra de las consecuencias sería que instituciones financieras se nieguen a tener relación comercial con el país o empresas radicadas aquí; incluso que eso pueda afectar la transferencia de remesas familiares.
El Grupo Egmont confirmó en un comunicado que el país quedaba suspendido porque la autonomía de la UIF no estaba asegurada. Eso implica que sea incluido en la “lista negra” de países considerados paraísos fiscales y también que no pueda intercambiar información financiera con otros 159 países.
“Los jefes de la UIF reconocieron los esfuerzos de UIF El Salvador en trabajar para abordar estas preocupaciones a través de un proceso legislativo, pero concluyeron que su independencia operativa y su autonomía no pueden ser aseguradas”, señaló el Grupo Egmont después de un encuentro en Sidney, Australia.
El plazo que el ente dio a la Fiscalía para lograr la autonomía de la UIF venció el pasado 24 de septiembre. Con ello el Ministerio Público pretendía evitar la fuga de información confidencial financiera y estar sujeto a estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), según la petición que presentó en enero a la Asamblea Legislativa.
Una fuente cercana al Fiscal General indicó ayer a El Diario de Hoy que esperan ser notificados sobre la exclusión del Grupo Egmont y así analizar qué implicaciones tendrá la decisión para el país.
La decisión del organismo internacional ocurre en medio de una investigación por presunta corrupción que la Fiscalía ha abierto contra el expresidente Mauricio Funes, acusado de desviar en el primer gobierno del FMLN (2009-2014) $351 millones junto a otras 31 personas.
Esto se une a los señalamientos a y la petición de congresistas de Estados Unidos al presidente Donald Trump de sancionar al dirigente del FMLN, José Luis Merino, y al empresario prófugo Enrique Rais, por supuestos vínculos con el crimen organizado y la corrupción.
El veto
La Asamblea aprobó una serie de reformas a la Ley Financiera de la Fiscalía para lograr la autonomía de la UIF, el pasado 20 de julio, a lo cual se opuso el FMLN. En seguida, el presidente Sánchez Cerén se apresuró a vetar el decreto alegando que era contrario a la independencia que la Constitución da a la Fiscalía.
Ayer el partido de gobierno evitó pronunciarse sobre la sanción a El Salvador ante el veto presidencial. “Perdón, pero no he visto noticias. Déme un par de horas para yo informarme bien, porque no he leído nada ahorita… ando arreglando una maleta porque me voy a la misión de Vaticano (a la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero) y no he arreglado mi maleta. He andado muy presionada. Disculpe”, fue la respuesta de la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz.
El jefe de fracción del PCN y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Antonio Almendáriz, sostuvo que su partido, así como el PDC y ARENA habían advertido de la sanción al país.