Luego de casi dos años de proceso en un juicio inédito y de que el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) aceptó que cometió actos de corrupción al desviar más de $ 300 millones de fondos públicos, en septiembre, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador lo condenó a pasar diez años en prisión.
Saca se convirtió en el primer expresidente sentenciado por corrupción; cometió peculado (apropiarse de fondos públicos) y por lavado de dinero. Tras ser condenado se perfila que el también expresidente de ARENA, se mantendrá preso al menos hasta 2026, ya que había cumplido dos años en prisión durante el proceso.
Saca negoció con la FGR un juicio abreviado y al aceptar que lavó dinero y desvió fondos recibió 5 años de cárcel por cada delito.
Audios revelan que Funes y Saca conspiraron para afectar a expresidente Francisco Flores
Revista Factum reveló unos audios de reuniones en 2013 entre ambos expresidentes y un “gabinete paralelo” que buscó incriminar a exmandatario Francisco Flores. Esta investigación también coloca a Funes como uno de los creadores del partido GANA.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador también sentenció a 10 años a Élmer Charlaix, exsecretario de Saca. Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones y César Funes, exsecretario de Juventud, fueron condenados a 5 años de cárcel cada uno. Ellos también aceptaron haber cometido actos de corrupción.
En el caso “Destape a la Corrupción”, la Fiscalía acusó a Saca, de haber diseñado una red que operó desde el primer día de su mandato (1 de junio de 2004), creado una normativa que les facilitara “el desvío de fondos públicos para provecho personal o de terceros, los señores Saca González y Charlaix Urquilla confabularon la creación de una normativa secundaria”, este era el “Reglamento interno de funcionamiento para el manejo, control, y fiscalización de los fondos públicos, gastos reservados y secretos de la Presidencia de la República”.
Esa planificaron, según el Ministerio Público, detallaba la “forma de cómo iban a conseguir o facilitar la apropiación de bienes del Estado y cuáles eran parte de las maniobras que debían hacer para lograr la impunidad, creando este reglamento contrario a lo que establece la Constitución y leyes secundarias, con respecto al manejo de fondos públicos”.
El dinero que era saqueado de las cuentas de la Presidencia fue a parar dos cuentas bancarias a nombre de Charlaix y de ahí involucraron a los exempleados de la Presidencia, Francisco Rodríguez Arteaga, exjefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de la Presidencia; Pablo Gómez, auxiliar técnico de la UFI, y Jorge Alberto Herrera Castellanos, jefe de la Tesorería.
Así, 298 millones 683,945 dólares fueron desviados a 15 cuentas bancarias a nombre de Charlaix, Rodríguez Arteaga y Gómez. Estos últimos realizaron luego transacciones de millones que fueron a parar a cuentas de empresa de Saca.
Solo Gómez cobró alrededor de 164 millones en efectivo, ya que esta era, según la Fiscalía, una de las estrategias de los corruptos para perderle el rastro del dinero.
Las capturas de Saca, Rank y Funes fueron realizadas el 30 de octubre de 2016, en la boda de uno de los hijos de Saca. Charlaix se entregó a las autoridades de manera voluntaria y luego fue condenado por la Cámara Primera de lo Civil a devolver al Estado 17.9 millones de dólares.
Saca aguarda otro proceso por enriquecimiento ilícito (por $3.9 millones) junto a su esposa Ana Ligia (por $580,000) luego que sus defensores dilataran el caso al pedir separar a los magistrados de la Cámara Primera de lo Civil, algo que la Sala de lo Civil de la Corte Suprema les rechazó.
Dos Órdenes de captura pesan sobre Funes
Mauricio Funes, quien es prófugo y se supone vive en Nicaragua arropado por el régimen de Daniel Ortega, es reclamado por la justicia salvadoreña para encarar dos procesos penales.
En la primera orden internacional de captura, Funes es acusado por la Fiscalía General de ser cabeza de la presunta red de corrupción que extrajo del Estado más de $351 millones, para lo cual habrían colaborado otras 31 personas, entre ellas sus exparejas, hijos, amigos y colaboradores cercanos.
El 28 de junio, el jefe de la Unidad Financiera de la Fiscalía, Jorge Cortez, respaldó la decisión del Juez Quinto de Paz de San Salvador, Salomón Landaverde, de girar orden de captura contra Funes, quien está asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016 con sus hijos Diego Roberto y Carlos, y su pareja, Ada Mitchelle Guzmán.
En manos de Interpol la localización y captura de Mauricio Funes
El Juzgado Quinto de Paz notificó este jueves a la oficina de Interpol en El Salvador que inicie los trámites para que se emita la difusión roja
La Fiscalía General giró la segunda orden de captura el 16 de octubre para el primer presidente del FMLN y para el empresario prófugo Enrique Rais por un caso de corrupción vinculado al exfiscal Luis Martínez. El exfiscal general aceptó haber recibido hasta $15,000 mensuales de la presidencia de Funes para evitar ser investigado por casos sospechosos como pagos millonarios a exconstructora de la presa El Chaparral, y sobornos de Rais para inventar casos contra exsocios suyos.
La Fiscalía también ordenó el arresto del exfiscal Martínez, el exfiscal adjunto Édgar Márquez, el exgerente general, Mauricio Antonio Yanes, el exgerente de recursos humanos, José Dolores Zelaya y otros funcionarios de la institución, entre ellos el exjefe fiscal Julio Arriaza. Vía redes sociales, Funes ha alegado que la mayoría de pruebas de la Fiscalía están basadas en declaraciones de “criteriados” (testigos con beneficios penales).
Luis Martínez, el primer fiscal que va a prisión
El ex-fiscal General de la República, Luis Martínez González, cerró 2018 con una condena por haber divulgado información privada del sacerdote católico Antonio Rodríguez Tercero, pero además enfrenta dos procesos por supuesta corrupción.
La jueza Rosa Irma Vigil le impuso además una pena civil de $125,000, monto, que según dijo a El Diario de Hoy, resultó de la suma de gastos en que Padre Toño incurrió por el daño moral y económico recibido.
Pero Martínez tiene pendiente otros dos procesos judiciales. El pasado 15 de noviembre, fue enviado a juicio por el Tribunal Octavo de Instrucción de San Salvador por supuestamente integrar una red de corrupción dentro del Órgano Judicial.
A Martínez, al igual que al exfiscal auxiliar Julio Adalberto Arriaza y otros dos abogados se les acusa de omisión de investigación y falsedad ideológica en perjuicio de tres abogados que figuran como víctimas, una es Claudia Herrera de Calderón.
El 21 de octubre, a Martínez también se le decretó prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial en su contra por el caso Operación Corruptela, según resolvió el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador.
Otros 13 acusados seguirán siendo procesados en libertad, dos bajo medidas sustitutivas, entre ellos la esposa del exfiscal, Francesca García.
Fiscalía sostiene que Martínez cometió delitos de omisión de investigaciones y falsedad documental durante su gestión (2012-2015); pero además lavó $1.2 millones sustraídos del presupuesto de la Fiscalía.
Fiscalía acusa a Martínez de recibir dádivas de Mauricio Funes y Enrique Rais a cambio de no ser investigados.