De llegar a la presidencia, Carlos Calleja, candidato a la presidencia por la Alianza por un Nuevo País, eliminaría el cobro del impuesto del 5 % a la telefonía (Contribución Especial a la Seguridad Ciudadana) anunció ayer.
El cobro en concepto de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (CESC) se aprobó en 2015 y los fondos son utilizados para reforzar tareas de seguridad.
“Está golpeando a los salvadoreños más necesitados, ellos ya se están viendo impactados por la misma inseguridad y la violencia que viven todos los días, no es necesario ni justo golpearles con un impuesto, que les viene a golpear el bolsillo, cuando es responsabilidad del Gobierno cumplir con la seguridad de la nación”, afirmó Calleja.
Además se comprometió con ser firme en el cumplimiento de brindar seguridad y apoyo a las instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC).
Calleja se compromete a aumentar el salario a promotores de salud
El candidato presidencial dijo que trabajará porque se aumente el presupuesto a la salud.
“Este impuesto no ha venido a cambiar los problemas de la policía, no tienen los insumos necesarios para poder hacer su trabajo, nosotros manejando un Gobierno eficiente que busca erradicar la corrupción, crecer la economía y generar más ingresos a través del un crecimiento económico, ofreciéndole certeza y estabilidad a inversionistas, vamos a poder cumplir con las responsabilidades que tenemos como Gobierno”, afirmó.
El candidato afirma que el país está pasando por una situación muy difícil y necesita de un liderazgo dispuesto a actuar y a ejecutar con hechos.
Carmen Aída Lazo, candidata a la vicepresidencia, por su parte mencionó que el próximo Gobierno de la república debe centrar su compromiso en mejorar la calidad del gasto.
Los candidatos afirmaron además que entre 2019 y 2014, no crearán más impuestos, pues aseguran que en los dos últimos periodos de Gobierno se han incrementado unos 25 impuestos con los que la población paga cerca de $1,700 millones al año.
“Pero que lastimosamente no se han regresado al pueblo salvadoreño en obras. Nuestra visión en cuanto al manejo de fondos públicos estará basado en una gestión que busca resultados, que se basa en un manejo con responsabilidad”, destacó Calleja.
Los fondos recaudados en concepto de CESC o impuesto a la telefonía, sirven para dar un refuerzo financiero a instituciones como al PNC y la Fiscalía, con el 75 % para la prevención de la violencia y el otro 25 % para represión al delito.
La Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, comunicó en junio de este año la admisión de cinco demandas de irregularidad a la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia.
Calleja ofrece 60 mil empleos en primer año de gobierno
La cifra se lograría con incremento y atracción de inversión pública y privada.
La propuesta de la Alianza por un Nuevo País comenzaría en junio de 2019, una vez tomaren el cargo del Ejecutivo, los trámites para la eliminación de dicha contribución.
¿Pero de dónde saldrán los fondos para los compromisos que cubría el CESC?
El ingreso a la telefonía representa actualmente $50 millones anuales, según detalló la fórmula. Al eliminarse dicho cobro, los fondos saldrían de un uso eficiente del gasto público.
“En primer lugar vamos a mejorar substancialmente la forma en la que el Gobierno compra bienes y servicios, este es un país donde se gastan aproximadamente $1,000 millones al año, solamente en bienes y servicios”, detalló Lazo.
Agregó, con base a las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cambiando la forma de hacer las compras, al hacerlas de forma más competitiva, puede ahorrarse cerca de $200 millones.
Otra línea es el combate a la corrupción del despilfarro, en gastos excesivos como viáticos, carros de lujo y corrupción y licitaciones públicas, el país se puede ahorrar al rededor de unos $200 millones al año, afirmó Lazo.
“Solamente con las medidas de eficiencia y ahorros, como combatir la corrupción, creemos que en corrupción se van alrededor de $200 millones”, agregó.
Según Calleja, se debe transparentar el gasto reservado y dar un mejor manejo de los fondos públicos, así como promover la confianza y certeza para los inversionistas y de esta manera hacer crecer la economía y generar más ingresos para las arcas públicas.
Además lucharán por mejorar la recaudación que cada año ha venido creciendo en $200 millones. La proyección en el primer año de Gobierno es subir en $300 millones.