La Fiscalía General de la República solicitó al juez Octavo de Instrucción la admisión de toda la prueba contra el exfiscal general, Luis Martínez, el prófugo Enrique Rais, el exjefe de la Unidad de Defensa de los Intereses del Estado, Julio Arriaza y contra el exjuez suplente Mauricio Gálvez, todos acusados de fraude procesal y falsificación ideológica (documentación falsa).
En este proceso acusan a Martínez de haber ordenado la detención ilegal y de crear pruebas falsas contra los abogados Mario Calderón y su esposa Claudia Herrera.
Según Fiscalía, pidieron al juez que incorpore al proceso la prueba verbal ofrecida durante la audiencia preliminar y la documental, así como al menos, 30 testigos; entre ellos peritos, policías y testigos con régimen de protección.
Luis Martínez era un hombre con deuda y bajos ingresos cuando llegó a la Fiscalía
El exfiscal tenía deudas por $301 mil y el sistema financiero lo ubicaba en la calificación más baja, por tanto no tenía la capacidad para pagar esa deuda en poco tiempo como lo hizo, según la Fiscalía.
Uno de los expertos todavía trabaja en la extracción de información de computadoras y otros dispositivos decomisados a la hora de la detención de los acusados y que ha presentado dificultades técnicas de compatibilidad.
El fiscal afirmó que el profesional trabajará durante el asueto por día de Difuntos y este fin de semana en Fiscalía para sacar dicha información. “Hemos solicitado al juez que se pronuncie sobre la detención de todos los procesados: hasta para los que están libres, y declare en rebeldía al exjuez suplente Mauricio Gálvez, por no comparecer a la audiencia pese a estar convocado”, dijo.
También le solicitaron “que se pronuncie civilmente a favor de las víctimas por los daños sufridos (tras su persecución y detención de manera ilegal)”.
El fiscal del caso aclaró que no todos los implicados en el proceso serán juzgados en el juicio, pues algunos han sido separados por haber apelaciones ante la Cámara de lo Penal pendientes de resolver.
Martínez lloró mientras rendía su declaración. Dijo que con las acusaciones de la FGR se ha convertido en un "ciudadano maldito". Su esposa enfrentará el proceso en libertad.
Entre tanto, la acusadora particular, Bertha Deleón, ha pedido al juez que los ocho imputados sean enjuiciados por el delito de fraude procesal.