El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, se mostró en total desacuerdo con la resolución de la jueza Cuarto de Paz, Nelly Pozas, quien el domingo ordenó que la mayoría de los imputados arrestados en la operación Corruptela fueran juzgados pero en libertad, y sólo halló necesario que dos de los detenidos fueran a prisión: el exfiscal Luis Martínez y el exjefe de Defensa de los Intereses de la Sociedad, Julio Adalberto Arriaza González.
Otros 11 imputados (entre los cuales hay empleados del Ministerio Público, exfuncionarios y personas particulares) deberán enfrentar el proceso en libertad por el delito de peculado, pero sin medidas.
Meléndez afirmó que apelarán la resolución porque la investigación está bien fundamentada, sin embargo, cree que el poco tiempo que la jueza tuvo para resolver pudo haber incidido en no hacer un mejor análisis del caso.
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) 23 de octubre de 2018
Quienes gozarán del mismo beneficio pero tendrán que comparecer cada ocho días en el Juzgado son la esposa del ex-Fiscal General, Carla García Rossi de Martínez, y el exgerente general de la institución, Mauricio Yanes Morales. Ambos enfrentan cargos por lavado de dinero; él también es acusado de peculado y negociaciones ilícitas.
Las cuatro maneras en las que el exfiscal Luis Martínez obtuvo dinero ilícito
El exfiscal sustrajo fondos que administraba la Fiscalía como presupuesto y dinero ilícito decomisado, según la investigación “Operación Corruptela”.
Meléndez afirmó que apelará la resolución judicial porque, a su juicio, la investigación y las evidencias que le presentaron a la jueza Cuarto de Paz están bien fundamentadas, sin embargo, cree que el poco tiempo que la jueza tuvo para resolver pudo haber incidido en no hacer un análisis más profundo del caso.
De hecho, afirmó, que su auxiliares le manifestaron que habían ofrecido abundante prueba, testigos “y a lo mejor no tuvo el suficiente tiempo para analizar y ofrecer una resolución más apegada a los hechos que le plantearon”.
Durante la audiencia inicial, la jueza Pozas se mostró un tanto preocupada por el limitado tiempo que tenía para realizar la diligencia, pues el plazo para resolver vencía al mediodía del domingo.
Martínez habría recibido $1.5 millones en concepto de dádivas para dar protección a Funes. "Se vendió justicia desde la Fiscalía" dijo el fiscal Douglas Meléndez.
La jueza en su resolución afirmó que había inconsistencias en los señalamientos que les hacía la Fiscalía y que debía robustecer aún más el caso.
Pese a todo, la juzgadora resolvió que el exfiscal Martínez debía responder por 15 delitos, entre tanto su ex subalterno por ocho delitos, enfocados en el soborno, peculado (desvío de fondos públicos), falsedad documental, negociaciones ilícitas entre otros.
De acuerdo con las indagaciones del caso, a través de dádivas de Funes y Rais, el exfiscal Martínez presuntamente lavó $1.2 millones y saldó deudas de $301,000 en los primeros meses en la Fiscalía.
