¿Por qué la urgencia de concesionar el puerto a empresas chinas?

El plazo ahora es mayor y prorrogable, y la inversión inicial no tiene límites.

Empresas asiáticas han mostrado interés en realizar proyectos y arrendar terrenos en la zona del puerto de La Unión e incluso en adquirir la Isla Perico. Foto EDH / archivo / Foto Por Archivo

Por José Luis Henríquez

Sep 02, 2018- 20:00

En noviembre del año pasado, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, junto a algunos ministro de Gobierno y el presidente de CEPA, presentaron a la Asamblea Legislativa una reforma a la ley de concesión del puerto, que buscaba ampliar a 50 años prorrogables el plazo de concesión (en la anterior ley eran 30 años) y no ponía límites en el monto de inversión inicial (antes eran $30 millones).

Dicha reforma se aprobó a inicios de enero de este año.

A la par de dicho proyecto el gobierno presentó el Proyecto de Ley de la Zona Económica Especial (ZEE) de la Región Suroriental del País, supuestamente para fomentar las inversiones.

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Y así de repente el Gobierno comenzó a moverse para que empresas de China Popular tuvieran presencia en La Unión, pobladores de las islas adyacentes afirman que funcionarios juntos a empresarios chinos han llegado para mostrar su interés en comprar 123 hectáreas de la zona, incluyendo la isla Perico.

Además, funcionarios de alto nivel del Gobierno han viajado a China a negociar acuerdos que no se han transparentado con la población, y en donde tampoco se han invitado a los empresarios.

Algunos analistas se preguntan qué se ha negociado con China, qué se ha hablado en términos de cooperación o que se negoció en el tema del puerto La Unión; pues lo único que se conoce es que se rompió el acuerdo comercial con Taiwán y que no ha habido transparencia, sobre todo ahora que el Canciller de la República ha dicho que desde mayo pasado se establecieron relaciones diplomáticas.

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También llama la atención, dicen los analistas, que en las Zonas Económicas Especiales no podrán participar salvadoreños, y que se ha elaborado específicamente para favorecer a los chinos.

Economistas como Manuel Enrique Hinds sostienen que el problema no es que ingresen compañías chinas sino que salvadoreños o de otras nacionalidades no puedan participar en las ZEE, y que también se perdería soberanía al ser una junta directiva en esa zona la que tome las decisiones, y no el Estado salvadoreño, aparte de que dentro de dicho recinto es muy probable que no opere la legislación nacional.

Advierte que las zonas económicas se deberían ampliar a todo el trerritorio nacional y no solo a oriente; pero mientras todo esto se define, el Gobierno tendrá que seguir pagando anualmente unos $10 millones por mantener una terminal marítima en la que apenas han llegado alrededor de 200 barcos desde que fue construido hace 10 años.

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