El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, hizo un llamado ayer a los diputados de la Asamblea Legislativa para superar el veto del Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, quien ha detenido una reforma que le daba autonomía técnica a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) con respecto al fiscal general.
Por medio de un comunicado emitido ayer en la noche, la Fiscalía sostiene que el veto implica que la UIF ya no tendrá acceso a la plataforma que le permite el intercambio de información y ya no podrá proveer a la Fiscalía la información de inteligencia necesaria para la depuración de los casos.
“El veto a esta reforma legal se traduce en un beneficio para los lavadores de dinero a nivel nacional e internacional”, advierte la institución en la declaratoria.
Las consecuencias
Si los diputados no superan el veto presidencial, a partir del 24 de septiembre, la UIF de El Salvador podría ser suspendida o expulsada del Grupo Egmont, instancia que reúne a las unidades de investigación financiera de 156 países.
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El Presidente de la República consideró que las reformas a la Ley de la Fiscalía violan la Constitución.
Además, la institución ya no podrá solicitar información financiera a otros países para investigar casos de delitos financieros en el país.
LA Fiscalía también señala otra consecuencia para El Salvador: “Podría ser incluido en la lista de paraísos fiscales” y formar parte de una lista gris o negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Esto dañaría la reputación del país, limitaría sus fuentes de financiamiento externo, aumentarían los costos de transferencias bancarias, aumentaría la percepción de riesgo de los inversionistas y elevaría el costo de los negocios.
La reforma daba autonomía a la UIF respecto del fiscal general para procesar, analizar y diseminar la información. El presidente Sánchez Cerén vetó la reforma, argumentando que la reforma le resta atribuciones exclusivas del Fiscal General de la República.
Fiscal General pide superar veto presidencial de reformas a la UIF. pic.twitter.com/iFI1nlGexN
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 22 de agosto de 2018
La Fiscalía, siempre en el mismo comunicado, advierte que el efecto general del incremento de la percepción de riesgo se traduce que a mayor riesgo equivale a un costo más elevado para hacer negocios en El Salvador.
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“En tal sentido, lamentamos el veto emitido por el Presidente de la República, ya que sostuvimos reuniones explicativas y argumentativas con la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República, en donde se les expuso la necesidad y legalidad de esta reforma de ley”, reza parte del comunicado.
La Fiscalía explicó que la divulgación de un documento confidencial que hizo el expresidente Mauricio Funes llevó a El Salvador a un proceso en el Grupo Egmont, que emitió una advertencia de suspensión.