Este día, en el juicio del caso “Destape a la corrupción” donde está implicado el expresidente Elías Antonio Saca y algunos de los exfuncionarios de su gestión, un exauditor de la Corte de Cuentas afirmó que las auditorías financieras a la cuenta de gastos reservados fueron hechas sin documentación que respaldara los gastos de la Presidencia.
El testigo aseguró que Rafael Hernán Contreras, el expresidente de la Corte de Cuentas, le ordenó al exempleado que las auditorías se hicieran desde su oficina (del exauditor) que está en la misma institución, porque no había necesidad de ir a Casa Presidencial.
El exauditor aseguró que le solicitó a Contreras que se formara un equipo especial de auditores para tener acceso a toda la información requerida que permitieran realizar cinco exámenes financieros.
El testigo afirmó que Contreras le respondió que por “la naturaleza de los gastos reservados se tenía que hacer desde la Corte de Cuentas y que las conclusiones se las entregara en un sobre cerrado”.
Aseguró que pidió la documentación necesaria a la Unidad Financiera de la Presidencia, pero solo le enviaron los requerimientos de Casa Presidencial al Ministerio de Hacienda sobre gastos operativos, las resoluciones del Ministerio de Hacienda con respecto a la erogación de esos fondos y el estado de ejecución presupuetaria.
“Los documentos no tenían valor alguno. No pude comprobar la veracidad de los gastos. No facilitaron la documentación necesaria para justificar los gastos (en la Presidencia de Saca)”, dijo el exauditor.
Saca buscó evitar controles para agilizar saqueo de $301 millones
El viernes testigos de la Fiscalía detallaron cómo se obviaron procesos para pagar cheques de la Presidencia.
Uno de los fiscales dijo que esperarán lo que decida el tribunal Segundo de Sentencia con respecto a si procede o no investigar al expresidente de la Corte de Cuentas Hernán Contreras, por supuestamente haber favorecido al expresidente Saca.
El exauditor dijo que los finiquitos los extiende el Presidente del ente contralor, con base a las auditorías contables que se le hace a la gestión administrativa de un funcionario público.
Este día declararon seis testigos, la mayoría empleados bancarios; y tres que desistió la Fiscalía General de que rindieran su testimonio.
El exmandatario confirmó haberse apropiado de millones de la cuenta estatal y hacer uso de varios mecanismos ilegales para desviar los fondos del Estado para beneficio propio y de terceros.
También, reconoció que el manejos de 16 cuentas de banco que abrió para desviar los fondos tuvo una fiscalización superficial de parte de la Corte de Cuentas y de “manera informal” de parte de los auditores internos de la Presidencia.