Tres organizaciones de derechos humanos instaron hoy al Gobierno y a la Asamblea Legislativa que en seis meses cree que los mecanismos para atender a las víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia, tal como lo ordenó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La Sala amparó el pasado viernes a ocho familias que se desplazaron desde San Salvador a Usulután por problemas con las pandillas, a la vez que ordenó al Ejecutivo a aceptar el problema, atender a las víctimas y recuperar el territorio de las maras. Mientras que a los diputados les ordenó a crear una legislación al respecto.
Celia Medrado, directora de programas de Cristosal, informó que el año pasado atendieron a más de 700 personas que habían abandonado sus casas por la violencia. Una cifra menor en 300 casos por la establecida entre 2010 y 2016 por el Gobierno.
Foto: Stanley Luna
Informe indica que 701 personas fueron desplazadas por violencia en 2017
Según el informe anual de la organización Cristosal. Un 53 % de las víctimas fueron mujeres.
El Ministerio de Justicia y la Policía Nacional Civil negaron ante la Sala que existiera el desplazamiento forzado. De hecho, en un informe presentado hace meses, el Gobierno estableció que la violencia era la tercera causa del problema.
Para medrano, una omisión de la sentencia de la Sala sería una violación a los derechos humanos de las víctimas.
El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), José María Tojeira, instó a la Asamblea Legislativa a crear una mesa o subcomisión para atender a las víctimas y que legislen a favor de ellas.
Mientras que Simón Tichot, coordinador regional del Médicos del Mundo, en Francia, sostuvo que darán monitoreo intersinstitucional al cumplimiento de la sentencia a través de un observatorio del problema, también invitó a las instituciones gubermamentales a conocer el modelo y protocolo de atención a las víctimas del desplazamiento forzado con las que trabajan las organizaciones de derechos humanos.
Corte Suprema pidió se proteja a familias que han sido amenazadas por pandillas
Según el Ministro de Seguridad, los desplazamientos fosados no se deben únicamente a la violencia.