En su última resolución emitida esta tarde la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se ampara a seis ciudadanos que demandaron a varios jefes de la Policía Nacional Civil (PNC) por la vulneración de sus derecho de ser protegidos en materia de seguridad material, familiar y otros como la libertad de circulación, residencia y propiedad.
Los demandantes señalaron como responsables de esa vulneración al jefe de la Divisón Central de Investigaciones, el jefe de la División Antiextorsiones, el jefe de la Subdelegación de Berlín (Usulután), así como a la jefa de la Unidad de Vida de Mejicanos de la Fiscalía General de la República (FGR). Pero esta última fue sobreseída en este proceso aunque manda al ente fiscal a deducir responsabilidades en este asunto.
En su demanda, los afectados expusieron cómo eran acosados por pandilleros armados en sus lugares de residencia, de cómo los agredieron y los amenazaron para que abandonaran sus casas, pues de lo contrario atentarían contra ellos.
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Uno de los demandantes dijo a los magistrados que huyeron a Usulután pero allí sufrieron acoso policial e incluso llegaron agentes a catear su vivienda alegando que buscaban pandilleros. Como resultado, un miembro de la familia fue lesionada y posteriormente falleció.
Otro de los demandantes señaló que, pese a que las autoridades conocieron su drama en el contexto de investigaciones, nada más le cubrieron la identidad a quienes dieron sus testimonios pero no gestionaron medidas extraordinarias de protección.
En su resolución, la Sala declara la existencia de “un fenómeno de desplazamiento forzado de personas que tienen origen en el contexto de violencia e inseguridad que afecta gravemente a colectivos de distintas zonas geográficas”, un hecho que contrasta con la posición adoptada del gobierno de no reconocer el desplazamiento forzoso.
En ese sentido, el máximo tribunal constitucional ordena al gobierno y las dependencias a que incluya en sus políticas y acciones la atención a las víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia.
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Muchos de estos desplazados forzosos relatan que primero se mueven dentro de sus mismos países, huyendo especialmente de la influencia de las pandillas, pero cuando "ven que la persecución" no termina deciden traspasar las fronteras.
De igual forma, le manda a que inicie de forma expedita “la promoción de un proceso por los daños materiales y/o morales que les han sido ocasionados, directamente en contra de las personas responsables de las vulneraciones constitucionales que han sido constatadas en dicha sentencia.
También ordena al gobierno central a que coordine con Justicia y Seguridad, PNC, Salud entre otras, a realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar el fenómeno de la violencia y otras orientadas a “recobrar progresivamente y de forma permanente los territorios bajo control de las pandillas.