El Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador recibió ayer un nuevo testimonio en el caso de la desaparición y feminicidio de la agente Carla Ayala, ocurrido el pasado 29 de diciembre.
El titular de ese tribunal, Roberto Arévalo Ortuño, confirmó que se trata de una entrevista que incrimina al exagente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Josué Antonio Pérez Pineda, acusado de incumplimiento de deberes.
Aunque Arévalo Ortuño no explicó de quién era el testimonio, el defensor de Pérez Pineda, Luis Servellón, confirmó que en la audiencia de revisión de medidas, la Fiscalía se refirió al motorista del exjefe del extinto GRP, Julio César Flores Castro, quien también enfrenta un proceso por incumplimiento de deberes.
El juez resolvió ayer decretarle libertad condicional al imputado, la cual se ejecutará si en los próximos cinco días hábiles (a partir de hoy) la Fiscalía y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), como acusador particular, no apelan la decisión en la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.
Arévalo Ortuño señaló que basó su decisión en que el delito imputado al expolicía, pese a que supera una pena de tres años, es “relativamente” menos peligroso, y hasta el momento la Fiscalía y el IDHUCA no han señalado una imputación por un delito más grave.
Exagente vinculado a caso Carla Ayala podría quedar libre la otra semana
Si en cinco días Fiscalía y la parte acusadora particular no apelan, Josué Antonio Pérez Pineda queda en libertad condicional.
Pérez Pineda era el encargado de recibir y asignar las armas a sus colegas entre la noche y la madrugada en que Carla Ayala fue desaparecida, también era el comandante de guardia, un cargo conocido como “águila” en la jerga del GRP.
Según la acusación fiscal, el procesado no capturó al principal sospechoso del crimen de Ayala, Juan Josué Castillo Arévalo, alias Samurai, las dos veces que llegó a la sede del exgrupo elite.
De quedar en libertad, el imputado tendría que cumplir una serie de medidas: presentarse a firmar tres veces por semana al juzgado, no cambiar de domicilio ni salir del país sin avisar y pagar una fianza de $1,000.
El IDHUCA apelará
“El IDHUCA, como parte querellante, respeta la decisión del Juez, pero presentará recurso de apelación por considerar que no han cambiado las circunstancias y debe mantenerse la medida cautelar de la detención provisional”, adelantó ayer por la tarde el abogado de la parte acusadora particular, Arnau Baulenas.
Para Servellón, la Cámara debe considerar que en el transcurso de la investigación, la acusación de su cliente se ha ido desvaneciendo.
“Él era el ‘águila’ y era la persona encargada de armería, entonces todas estas funciones le limitaban a él poder estar pendiente a la hora que iba a llegar esta persona (Castillo Arévalo)”, alegó el defensor.
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El Juzgado Sexto de Instrucción recibió el primer proceso en el caso de Ayala a inicios de enero anterior. Con la ampliación de la investigación, la Fiscalía presentó una nueva imputación en el Juzgado Octavo de Paz por feminicidio agravado.
En el nuevo proceso están vinculados Flores Castro y el exinspector Pablo Estrada Villalobos; pero Castillo Arévalo aún no ha sido acusado por feminicidio agravado.
A inicios de junio pasado, el Juzgado Octavo de Instrucción remitió el proceso al Juzgado Especializado de la Mujer, cambiando la calificación realizada en la etapa inicial de homicidio a feminicidio.
En su momento la Fiscalía confirmó a El Diario de Hoy que pretende acumular los dos procesos, una vez el tribunal acepte el caso.
Arévalo Ortuño opinó que el proceso nuevo se acumula al proceso antiguo pero que “son detalles que se pueden arreglar”, ya que la tipificación delictiva es provisional y fácil de cambiar.