Mauricio Arriaza Chicas, comisionado y uno de los fundadores de la Policía Nacional Civil, que inició con los principios filosóficos del cuerpo policial luego de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992, es ahora señalado de estar llevando a esa institución que fundó a una de corte político, lo que se convierte en una clara violación a la Constitución de la República.
Al menos cuatro incidentes, considerados graves para diferentes abogados, especialistas y tanques de pensamiento del país, hacen ver que el cuerpo policial que surgió de los Acuerdos de Paz y con los que se desmovilizó cuerpos de seguridad como la Policía Nacional, Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, se está desnaturalizando en sus principios filosóficos y de obediencia al pueblo salvadoreño.
El comisionado Arriaza Chicas se incorporó a la naciente policía como cuota de la Fuerza Armada, él era un subteniente. Ya dentro de la institución policial fue procesado y luego absuelto por el delito de fraude procesal (plantar evidencia) contra un imputado.
Por algún tiempo Arriaza Chicas fue separado de la Policía, pero al lograr la absolución luchó por reincorporarse a la institución.
Muchos años después de estar en el escenario por ese proceso judicial, hoy vuelve a la notoriedad por una serie de eventos en los que el papel de la institución que dirige han sido muy cuestionados.
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El primero de los incidentes fue en la toma forzada de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de este año. Arriaza Chicas junto a un contingente de la UMO fueron la avanzada para tomarse el palacio legislativo. Luego llegaron militares, con equipos élites para asegurar el perímetro para la llegada del presidente Nayib Bukele.
Los registros del jefe de seguridad legislativa dejaron al desnudo la forma violenta y prepotente con la que el jefe policial habría ingresado.
El segundo acto de desobediencia fue cuando la Policía se negó a despejar el bloqueo al relleno sanitario de Mides en Nejapa, un hecho por el que el jefe policial de Apopa está siendo procesado en un tribuna de la ciudad de Apopa.
El tercer acto de desobediencia tiene que ver con la negativa de Arriaza Chicas a llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ante los diputados.
En esa ocasión, Arriaza rechazó la orden de los diputados y justificó que el ministro estaba ocupado.
Pero el incidente más grave, de acuerdo a diputados y abogados, fue la negativa de la Policía Nacional Civil de acudir al llamado de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes el lunes pasado fueron privados de libertad por militantes del partido Nuevas Ideas, quienes mantenían cerradas las entrada y salidas del lugar.
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Fueron los mismos magistrados de TSE quienes denunciaron la actitud pasiva y negligente de la Policía. Uno de ellos fue Guillermo Wellman, quien denunció que pasaron privados de libertad por los militantes de Nuevas Ideas ante la nula intervención de los agentes de la PNC y sus mandos.
Bukele ha tratado de proteger a Arriaza Chicas nombrándolo viceministro de Seguridad para que tenga fuero, algo que puede acabar si tras el acuerdo tomado el viernes por una comisión especial en la Asamblea lo retiran la próxima semana.
PNC ha violado la Constitución
Las criticas hacia la conducción de la Policía han ido subiendo de tono por diferentes tanques de pensamiento.
Una de las principales críticas es que con todas esas acciones, Arriaza Chicas está violando la Constitución.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, (Fusades), señala que “las desobediencias de la PNC a requerimientos legítimos de la GR y de la Asamblea Legislativa son actuaciones inconstitucionales y constituyen atentados de la mayor gravedad contra la esencia del Estado de derecho”. El señalamiento de Fusades es parte de un análisis sobre la desnaturalización de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.
Fusades recuerda que “los cuerpos de seguridad están sometidos a la Constitución y a las leyes, por lo que sus actuaciones deben ceñirse estrictamente a las mismas, debiendo cesar las desobediencias a las órdenes que emiten otras autoridades en el ejercicio de sus facultades, así como también deben deducirse las responsabilidades legales por las graves vulneraciones al orden jurídico cometidas”.
Roberto Rubio, de Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) considera que la Policía está tomando la misión de encubrir la corrupción.
El mismo Movimiento de Trabajadores de la Policía ha cuestionado la desobediencia y ha hecho un llamado a las altas autoridades de la PNC a cumplir la ley y las órdenes que recibe de la Fiscalía y de la Asamblea Legislativa.
Agentes entran de manera violenta el 9F a la Asamblea
Dos vigilantes del recinto legislativo señalaron a Mauricio Arriaza Chicas de haber ingresado de manera “prepotente” y “violenta” al referido Órgano de Estado con una comitiva de policías. Según el libro de ingresos de la Asamblea, el jefe de la Policía les ordenó a 11 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) que mantuvieran el control del portón norte.
Los custodios legislativos aseguraron que Arriaza Chicas les dijo que él tenía “órdenes superiores” de que los portones tenían que estar abiertos a la hora que él (Bukele) ingresara al palacio legislativo.
Arriaza iba en el vehículo policial 01-2936, se hacía acompañar de una comisionada, un subinspector y dos agentes de la Policía. El agente de seguridad coordinó con el jefe de turno, sargento Leonardo Portillo, para autorizarle que ingresara al recinto legislativo.
Tras ingresar al palacio legislativo, Arriaza Chicas se fue a buscar al coronel César Reyes Dheming, quien en ese momento era el jefe de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Reyes Dheming falleció en el hospital Militar, el 5 de junio pasado, víctima del COVID-19.
La llegada de Bukele al Órgano Legislativo fue preparada desde tempranas horas por oficiales de la Policía. En uno de los informes se detalla que el comisionado Alarcón llegó a las 9:00 de la mañana a la Asamblea para coordinar la entrada y salida del vehículo en el que se conduciría Bukele. El subcomisionado Ramírez, le manifestó que eso lo tenía que coordinar con el jefe de seguridad legislativa.
También el subcomisionado Ramírez señala en su informe que él le llamó al presidente de la Asamblea, Mario Ponce, para pedirle su autorización para que entraran más vehículos policiales para tener mayor control de los portones norte y sur. Sin embargo, Ponce le respondió que cinco diputados de la Comisión de Seguridad eran los encargados de la seguridad legislativa.
Cuerpo policial desobedece orden y no lleva a funcionarios
El director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, desconoció el mandato de los diputados de la Asamblea Legislativa de llevar con apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por negarse a aclarar en una comisión especial el uso de fondos públicos para la pandemia, y al Ministro de Salud, Francisco Alabí, para aclarar puntos en la comisión especial que investiga el uso de fondos para la pandemia.
En el primer caso, ante el incumplimiento del director de la Policía, los diputados notificaron a la Fiscalía de la desobediencia, para que esa instancia determinara si incurrió en delito y que cada partido político valorara la posibilidad de interpelar al ministro de Hacienda.
Arriaza Chicas justificó, mediante una carta ante los diputados, que el ministro de Hacienda tenía “causa justificada basada en el ordenamiento constitucional” para no asistir a los citatorios que los legisladores le hicieron en tres ocasiones.
En el segundo caso, Arriaza Chicas mandó una nota a la comisión especial argumentando que no llevó al ministro de Salud con apremio porque el funcionario se encontraba liderando el cerco sanitario implementado en Chalchuapa, Santa Ana, municipio que, en esos días, registró un incremento de casos de COVID-19.
El diputado René Portillo Cuadra dijo, en esa ocasión que certificarían a la Fiscalía que, por segunda vez el director de la policía no cumplió con su tarea, que no es interpretar si la decisión es correcta o no, o si tiene fuero o no.
En el caso de la negativa a llevar al Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, los legisladores hicieron énfasis en que Arriaza Chicas incumplió el artículo 132 de la Constitución de la República que le ordenaba llevar al funcionario a la Asamblea. Coincidieron en que ambas negativas se sumaban al uso indebido que el 9 de febrero se hizo de la Policía para presionar a los diputados.
Policía permite bloqueos pese a orden de la Fiscalía
El actuar de la Policía en los incidentes registrados la noche del lunes 30 de noviembre en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue cuestionado por los diputados. Al respecto, el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, argumentó que no fue displicencia de parte de ellos, al contrario, afirma que han firmado un convenio con el TSE para garantizar la seguridad electoral.
“Si hay alguna omisión o si hay alguna falta de atención de parte de los agentes que estuvieron en ese dispositivo nosotros lo vamos a determinar como también lo informaremos a la Fiscalía, según el requerimiento que nos han hecho”, argumentó Arriaza Chicas al salir de la comisión especial que investiga el manejo de la pandemia por parte del gobierno.
Y es que esa noche se observó a varios miembros y simpatizantes del partido Nuevas Ideas protestando frente a la sede del TSE para presionar a que inscribieran a sus candidatos, a pesar de que los magistrados del Tribunal Electoral justifican que algunos no han cumplido con ciertos requisitos. El magistrado del TSE, Guillermo Wellman, denunció que la Policía no actuara hasta después de casi cinco horas de “estar privados de libertad”.
Aseguró que tanto él como los otros magistrados consideran que el delito cometido es “privación de libertad”, pero que será la Fiscalía y la Policía quienes deben tipificar el delito y proceder legalmente.
“Nosotros no es que hayamos ignorado, la PNC estaba allí, lo que sí puedo informar es que hay una coyuntura política que se está dando y hay diferentes actuaciones, tenemos un convenio firmado entre el TSE y la PNC, el oficial de enlace designado en ese convenio ha estado al 100% trabajando con los diferentes magistrados, lo que pasó allí fue una concentración grande de personas, en el cual, un partido que está participando en la contienda tenía una serie de demandas hacia el Tribunal”, argumentó Arriaza Chicas.
Negligencia en atención de llamado de magistrados TSE
Víctor Manuel Herrera, comisionado jefe de la delegación policial de Apopa, fue acusado por incumplimiento de deberes, esto relacionado al caso del cierre del relleno de Nejapa, ocurrido entre el 28 de septiembre al 6 de octubre de 2020.
El requerimiento de acusación fue presentado en el juzgado de Paz de Nejapa, luego que trabajadores de la alcaldía de San Salvador, aglutinados en la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), llevaron a cabo un cierre sistemático del relleno para impedir que camiones recolectores de basura de la municipalidad ingresaran al lugar. Ante esta situación, la FGR solicitó a Herrera intervenir para evitar el bloqueo, pero él no acató la orden.
El informe de la fiscalía destaca que a pesar de la solicitud y de haber presencia policial en el lugar, “no existió ninguna acción para habilitar el paso vehicular” por tanto “la Fiscalía acredita así, la omisión y pasividad del imputado, comisionado Víctor Herrera, al no haber girado las debidas instrucciones para la habilitación total del paso vehicular, pues no tomó en cuenta, entre otras cosas, las previsibles consecuencias medioambientales y de salud que se genera al no recoger oportunamente la basura, especialmente en época lluviosa y en medio de una pandemia”.
A principios de octubre, el Fiscal General, Raúl Melara, le advirtió también al director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, que negarse a cumplir la orden del Ministerio Público puede acarrear responsabilidades penales. “Él, como director de la Policía Nacional Civil, debe de acatar lo encomendado, ya que está dentro de las funciones legales que le competen por mandato constitucional”, dijo en ese entonces Marcela Galeas, abogada penalista.
Según la abogada, la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, en su artículo 23 numeral 16, también lo obliga a colaborar y atender los requerimientos de los funcionarios de los órganos del Estado.