Jueza bloquea expulsión acelerada de migrantes de Trump
Una jueza federal detuvo la ampliación del procedimiento de expulsión acelerada de migrantes impulsado por la administración Trump, al considerar que violaba los derechos constitucionales al debido proceso de los migrantes.
Por
Juan Martínez
Publicado el 30 de agosto de 2025
Una jueza federal bloqueó la ampliación del procedimiento de expulsión acelerada de migrantes impulsada por la administración de Donald Trump. La jueza Jia Cobb consideró que la medida violaba la Quinta Enmienda de la Constitución, al privar a los migrantes de su derecho al debido proceso y de la posibilidad de comparecer ante un tribunal. La política buscaba agilizar deportaciones a nivel nacional, incluso para personas con hasta dos años en EE. UU. El fallo representa un freno a los planes de Trump de endurecer la política migratoria y un respaldo a los derechos fundamentales de los migrantes.
Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó el procedimiento de expulsión acelerada de migrantes, una de las medidas clave del gobierno de Donald Trump para deportar rápidamente a aquellos que habían cruzado la frontera ilegalmente.
La jueza Jia Cobb determinó que la ampliación de este programa violaba la protección constitucional de los migrantes, particularmente al no permitirles comparecer ante un tribunal.
La medida, que se había utilizado anteriormente para la deportación expedita de migrantes detenidos cerca de la frontera con México, fue ampliada por la administración Trump a nivel nacional, lo que incluyó a aquellos que llevaban hasta dos años en el país. Este procedimiento permitía la expulsión sin un proceso judicial adecuado, algo que los defensores de los derechos de los migrantes consideraron inconstitucional.

La jueza Cobb, designada por el presidente Joe Biden, emitió el fallo el 29 de agosto, argumentando que la expansión del procedimiento de expulsión acelerada podría resultar en la deportación de personas sin el debido proceso. Cobb sostuvo que esta medida podría llevar a la expulsión errónea de migrantes que podrían tener derecho a permanecer en el país.
El fallo y los derechos constitucionales
El principal argumento de la jueza Cobb se basó en el derecho al debido proceso protegido por la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Este derecho garantiza que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, tengan la oportunidad de ser escuchadas en un tribunal antes de ser privadas de su libertad o expulsadas del país.
La jueza afirmó que, al permitir la deportación de migrantes sin la posibilidad de defenderse, el gobierno de Trump estaría violando este principio fundamental. Cobb subrayó que el gobierno no podía sostener que aquellos que ingresaron ilegalmente al país no tuvieran derecho a un proceso judicial. La jueza explicó que, si bien el gobierno argumentaba que las personas indocumentadas no tenían derecho a un proceso bajo la Constitución, esto sería un peligro para todos los individuos, no solo para los migrantes.
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"El gobierno sostiene un argumento realmente sorprendente", señaló Cobb. "Afirma que quienes entraron ilegalmente en el país no tienen derecho a ningún proceso en virtud de la Quinta Enmienda, y solo podrían contar con una posible medida de gracia del Congreso". Según Cobb, si este razonamiento fuera válido, no solo los extranjeros, sino cualquier persona en Estados Unidos, estaría en peligro de ser sometida a abusos de autoridad sin posibilidad de defensa.

Impacto de la decisión en las políticas migratorias de Trump
El fallo de la jueza Cobb representa un golpe significativo a los esfuerzos de la administración Trump para implementar políticas de expulsiones masivas de migrantes indocumentados. La ampliación del programa de expulsión acelerada había sido una de las piezas clave de su agenda migratoria, la cual buscaba reducir rápidamente la cantidad de personas indocumentadas en el país.
Aunque el gobierno de Trump había implementado esta medida con el argumento de mejorar la seguridad en la frontera y agilizar el proceso de deportación, la decisión judicial demuestra las tensiones que existen entre las políticas de inmigración y los derechos humanos. Si bien la jueza Cobb no cuestionó la constitucionalidad de la ley de expulsiones aceleradas, sí dejó claro que su aplicación más amplia a nivel nacional sin un debido proceso es inaceptable.
El contexto político y legal de las políticas de Trump
Durante su campaña presidencial, Trump hizo de la deportación de millones de migrantes indocumentados uno de los pilares de su discurso. En ese contexto, la administración Trump había implementado una serie de políticas para agilizar la expulsión de migrantes, incluidas las expulsiones aceleradas que originalmente solo se aplicaban a quienes eran detenidos cerca de la frontera.
Sin embargo, en un intento por expandir su alcance, la administración amplió su aplicación a migrantes detenidos en el interior del país, incluso si llevaban años en Estados Unidos.
Este tipo de políticas ha sido objeto de críticas constantes tanto dentro como fuera de Estados Unidos, especialmente por parte de organizaciones de derechos humanos que defienden que todas las personas, incluidos los migrantes, tienen derecho a un juicio justo y a un proceso legal adecuado.
Las decisiones judiciales como la de Cobb son vistas como un freno a las políticas migratorias más estrictas de Trump, al reforzar la idea de que el debido proceso es un derecho fundamental que debe ser respetado.

El debido proceso y la Quinta Enmienda en el contexto migratorio
El principio del debido proceso, tal como está consagrado en la Quinta Enmienda, establece que ninguna persona puede ser privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso legal. Este derecho aplica a todas las personas dentro de Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, lo que significa que las autoridades deben garantizar que los migrantes tengan la oportunidad de ser escuchados en los tribunales antes de ser deportados.
Al bloquear la ampliación del programa de expulsión acelerada, la jueza Cobb dejó claro que este tipo de medidas no pueden implementarse sin que los migrantes puedan ejercer su derecho a un debido proceso. De lo contrario, estarían siendo sometidos a una expulsión injusta, lo cual contravendría la protección legal que les corresponde.
Un freno a la deportación masiva de migrantes
El fallo de la jueza Cobb representa una victoria para los defensores de los derechos de los migrantes y una clara advertencia para la administración Trump. A pesar de los esfuerzos del gobierno para implementar una política de deportación más agresiva, este fallo subraya que los derechos constitucionales no pueden ser ignorados, incluso en el contexto de las políticas migratorias.
Aunque la administración Trump podría apelar la decisión, esta resolución destaca la importancia de mantener un equilibrio entre la seguridad nacional y la protección de los derechos fundamentales de los migrantes en Estados Unidos.
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