Trump desata batalla legal con el Congreso por frenar obra del salón de baile en la Casa Blanca
La decisión judicial abre un nuevo frente legal sobre las facultades del Ejecutivo en modificaciones a edificios históricos federales y el uso de financiamiento privado en proyectos oficiales.
Por
EFE
Publicado el 01 de abril de 2026
Un juez federal ordenó detener la construcción del salón de baile promovido por Donald Trump en la Casa Blanca al determinar que el proyecto no cuenta con la aprobación del Congreso, requisito indispensable para modificaciones en edificios históricos federales, mientras el gobierno ya presentó una apelación.
Un juez federal de Estados Unidos ordenó el martes la paralización inmediata de las obras de un salón de baile promovido por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, tras determinar que el proyecto, iniciado luego de la demolición del ala Este, carece de la aprobación del Congreso, requisito necesario para este tipo de modificaciones en edificios históricos ubicados en Washington.
La resolución fue emitida por el juez Richard Leon, quien señaló que el mandatario actúa como administrador del complejo, pero no como propietario, por lo que no posee la autoridad legal para ejecutar cambios de esta magnitud sin el aval legislativo correspondiente.
En su fallo, el magistrado subrayó que ninguna normativa otorga al presidente la capacidad de proceder como lo hizo en este caso, destacando la necesidad de respetar los mecanismos establecidos para intervenciones en estructuras federales.
La orden judicial establece que las obras deben permanecer detenidas hasta que el Congreso autorice su continuación, en línea con las competencias financieras y regulatorias que posee sobre edificaciones históricas en el distrito federal.

Contexto legal y reacción del gobierno
La decisión responde a una demanda presentada por el National Trust, organización sin fines de lucro dedicada a la supervisión del estado de edificios históricos en Estados Unidos, que cuestionó la legalidad del proyecto impulsado por la administración.
Tras conocerse el fallo, el gobierno federal presentó una apelación de forma inmediata, buscando revertir la orden que detiene la construcción.
El presidente Trump reaccionó públicamente desde el Despacho Oval, expresando su desacuerdo con la decisión judicial y defendiendo la viabilidad del proyecto.
El mandatario también reiteró que el salón de baile, cuyo costo estimado asciende a 400 millones de dólares, sería financiado por donantes privados, entre ellos simpatizantes con alto poder adquisitivo y diversas corporaciones.
Detalles del proyecto y antecedentes
La iniciativa contempla la construcción de un espacio con capacidad para al menos 1.000 personas, en sustitución de las estructuras temporales que anteriormente se instalaban en los jardines de la Casa Blanca para eventos oficiales.
Trump ordenó en octubre la demolición del ala Este, una extensión de una sola planta del edificio principal, sin realizar consultas previas con expertos legales, según se detalla en el caso.
El proyecto representa una de las intervenciones más significativas en la residencia presidencial desde el regreso de Trump al cargo en enero de 2025, junto con otros cambios realizados en el complejo.
Entre esas modificaciones se incluyen ajustes en el Despacho Oval, intervenciones en el Jardín de las Rosas y acciones relacionadas con el Centro Kennedy para las Artes.
Argumentos enfrentados y debate judicial
En declaraciones posteriores a la sentencia, el presidente criticó al National Trust, calificando la demanda como injustificada y defendiendo que el proyecto no implica costos para los contribuyentes.
A través de su plataforma Truth Social, Trump afirmó que la construcción se encuentra dentro del presupuesto y avanza según el cronograma establecido.
El mandatario también comparó el caso con la reconstrucción de la sede de la Reserva Federal, señalando retrasos y costos elevados en ese proyecto.
Por su parte, el juez Leon cuestionó argumentos presentados por el gobierno, especialmente aquellos relacionados con la seguridad nacional, que señalaban que detener las obras podría generar riesgos.
El magistrado respondió que la situación actual, incluida la excavación en curso junto a la Casa Blanca, es consecuencia directa de decisiones adoptadas por el propio presidente.
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