Tribunal avala arrestos de migrantes en Los Ángeles solo por apariencia y hablar español

El Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló la reactivación de redadas migratorias en California, una decisión que ha desatado críticas por posible “perfilamiento racial” y que, según organizaciones civiles, amenaza la confianza en las instituciones. El fallo, aprobado por cinco votos contra cuatro, fue impulsado por el presidente Donald Trump y se extiende ya a otras grandes ciudades como Chicago y Boston.

La jueza Sonia Sotomayor, en su voto disidente, lanzó una advertencia contundente.

“No deberíamos vivir en un país donde el Gobierno puede detener a cualquiera que parezca latino, hable español y trabaje en un empleo mal remunerado”.

Sotomayor, Jueza estadounidense

Sus palabras reflejaron la preocupación compartida por el gobernador de California, Gavin Newsom, y por diversas organizaciones de derechos humanos.

California, epicentro del choque migratorio

Las redadas habían sido suspendidas en julio por la jueza federal Maame E. Frimpong, quien consideró inconstitucional detener a personas con base en su raza, idioma o lugar de trabajo. Sin embargo, la luz verde del Supremo permitió al Gobierno retomar los operativos en Los Ángeles, donde ya se contabilizan más de 5,000 arrestos, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional.

Las primeras operaciones generaron fuertes protestas en las calles de la ciudad. En respuesta, Trump desplegó hasta 2,000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines. Según reportes oficiales y de medios locales, entre junio y julio se produjeron más de 2.800 detenciones.

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El gobernador Newsom calificó la decisión judicial como una “amenaza para las comunidades latinas y las familias inocentes”. En un comunicado, afirmó que el Supremo se convierte en “el gran mariscal de un desfile de terror racial”.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también se sumó a las críticas y aseguró que la ciudad no será cómplice de políticas que discriminan por el color de la piel o el idioma.

Expansión de las redadas a otras ciudades

La estrategia federal no se limita a California. En los últimos días, el Gobierno desplegó operativos en barrios de mayoría latina de Chicago y Boston. Estas acciones fueron acompañadas por un mensaje del propio Trump en su red social Truth, donde escribió: “Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana”. La frase encendió las críticas de defensores de derechos humanos, que denunciaron la normalización de un lenguaje de persecución hacia comunidades enteras.

Organizaciones como la ACLU y Human Rights Watch advirtieron que el fallo del Supremo “normaliza el perfilamiento racial” y expone a millones de inmigrantes y ciudadanos de origen latino a ser detenidos sin garantías legales. Además, señalaron que este tipo de operativos profundiza el miedo en barrios vulnerables y erosiona la relación entre autoridades y población.

Un conflicto que se repite

California ha sido durante años el epicentro de la disputa migratoria en Estados Unidos. En 2019, durante la primera administración Trump, el estado registró más de 18,000 detenciones, con Los Ángeles como distrito líder en arrestos de inmigrantes sin antecedentes criminales. Entre 2017 y 2020, el enfrentamiento escaló con más de 100 demandas presentadas por el estado contra medidas federales.

Con el nuevo fallo, ese pulso político y social vuelve a cobrar fuerza. Para la comunidad latina, que representa casi el 40 % de la población de California, la incertidumbre se multiplica frente a una política federal que prioriza la mano dura sobre la integración.

La reactivación de redadas masivas en California y su expansión a otras ciudades plantea un escenario de tensión prolongada entre gobiernos locales y la Casa Blanca, con impactos directos en millones de familias que viven bajo la sombra de ser detenidas por su origen o su idioma.