Jueza federal bloquea la cancelación del TPS para hondureños, nepaleses y nicaragüenses

Una jueza federal estadounidense bloqueó este miércoles la decisión de la Administración del presidente Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de migrantes procedentes de Honduras, Nepal y Nicaragua, considerándola ilegal y advirtiendo que la Casa Blanca no tomó en cuenta las condiciones reales y adversas en los países afectados.

La magistrada Trina Thompson, del Tribunal de Distrito en San Francisco, concluyó en una extensa decisión de 52 páginas que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no cumplió con la ley al cancelar las protecciones humanitarias para estas personas y que la terminación del programa pudo estar motivada por prejuicios raciales. En el fallo, Thompson señaló que declaraciones públicas del presidente Trump y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reflejan estereotipos discriminatorios contra los inmigrantes y sugieren que serían “criminales invasores” o amenazas demográficas.
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¿Qué es el TPS?

El Estatus de Protección Temporal es un programa humanitario creado por el Congreso de Estados Unidos que protege contra la deportación a personas de países que enfrentan desastres naturales, conflictos armados u otras crisis, y les otorga un permiso de trabajo temporal. Su objetivo es ofrecer un refugio seguro mientras persisten condiciones peligrosas en sus países de origen.
USCIS

¿Quiénes están afectados?

Antes del bloqueo judicial, se estimaba que aproximadamente 89,000 personas de Honduras, Nepal y Nicaragua serían afectadas por la terminación del TPS:

Unos 72,000 hondureños bajo TPS.

Aproximadamente 12,000 nepaleses.

Cerca de 4,000 nicaragüenses.

Contexto actual de salvadoreños con TPS

De manera paralela, el Estatus de Protección Temporal continúa vigentes para la comunidad salvadoreña, que constituye uno de los grupos más numerosos amparados por este programa. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU. extendió el TPS para El Salvador hasta el 9 de septiembre de 2026, permitiendo que aproximadamente 232,000 – 234,000 salvadoreños puedan reinscribirse y mantener su estatus legal y permiso de trabajo siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad.

Muchos de estos salvadoreños han vivido en Estados Unidos durante décadas desde que obtenieron TPS originado en 2001 tras terremotos devastadores en su país, y la extensión busca reconocer que las condiciones ambientales adversas aún impiden un retorno seguro.

Impacto humano de la decisión

Muchos de los beneficiarios con TPS llegaron a Estados Unidos en la década de 1990 y 2000, tras condiciones extremas en sus países, como el paso del huracán Mitch en 1998 que devastó gran parte de Centroamérica. Durante décadas han vivido y trabajado legalmente en EE. UU., formando familias y enviando remesas a sus comunidades.

Sandhya Lama, una demandante de Nepal, señaló que el TPS le ha proporcionado “protección humanitaria esencial” para ella y sus hijos, y agradeció que la orden judicial le permita seguir trabajando y viviendo con seguridad. Sin embargo, subrayó que nunca debió permitirse la cancelación sin considerar la ley y la realidad de los países de origen.

De manera similar, Jhony Silva, un hondureño de 29 años que llegó a Estados Unidos cuando era niño, explicó que perdió su trabajo y tuvo que pausar sus estudios tras la cancelación del programa, y espera que esta decisión judicial le ofrezca estabilidad para él y su familia.

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Motivos de la demanda

La demanda fue presentada en julio por la Alianza Nacional TPS y beneficiarios del estatus, quienes argumentaron que la administración no cumplió con el requisito legal de revisar cuidadosamente las condiciones en Honduras, Nepal y Nicaragua antes de terminar el TPS, y que la decisión estaba motivada por prejuicios raciales e ignorancia de los hechos reales.
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Otras acciones legales similares

Este fallo se produce en medio de una ofensiva más amplia contra programas migratorios humanitarios por parte de la administración Trump. Más de 600,000 venezolanos han perdido recientemente sus protecciones TPS, así como miles de haitianos, afganos, etíopes y myanmeños, quienes ahora enfrentan la amenaza de deportación. Asimismo, una jueza federal en Boston bloqueó esta semana una medida para poner fin al TPS para inmigrantes de Sudán del Sur.
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Respuesta de los defensores de derechos

Emi MacLean, abogada de la Fundación ACLU del Norte de California que representa a algunos de los demandantes, indicó que el tribunal determinó que el gobierno “no cumplió con la ley” y que el TPS ha brindado protección humanitaria esencial durante más de tres décadas.