Las nuevas reformas anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos, esta tarde donde ofrecen protección ante la deportación de inmigrantes que actualmente se encuentran laborando sin ningún tipo de documentación y que no han cometido actos ilegales dentro del país sean protegidos y tengan la garantía de denunciar situaciones irregulares en los lugares de trabajo.
Aunque las regulaciones han recibido fuertes criticas el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, hizo público el documento con el pliego de reformas, el documento fue enviado al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Tae Johnson y a otros funcionarios.
Estas medidas limitan el riesgo de deportación de millones de personas, y también se aplicarán a quienes llegaron a territorio estadounidense antes del 1 de noviembre de 2020.
Este plan de trabajo centrará en los recursos en castigar a los “en empleadores sin escrúpulos que explotan la vulnerabilidad de los trabajadores indocumentados”.
Dichos empleadores se involucran en actos ilegales que van desde pago de salarios inferiores a los estándares para imponer condiciones de trabajo inseguras y facilitar la trata y explotación infantil”.
“El hecho de que un individuo sea un extranjero pasible de ser deportado no será por sí solo la base para proceder en ese sentido” sostuvo Mayorkas. Se estima que actualmente más de 11 millones de inmigrantes viven en Estados Unidos en situación irregular y “no tenemos los recursos para detenerlos y deportarlos a todos”, explicó.
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La mayoría de ellos “llevan años contribuyendo a la sociedad, hay personas que estuvieron en primera línea en la lucha contra el covid-19, lideran congregaciones religiosas, enseñan a nuestros hijos, hacen trabajos agrícolas agotadores”, señaló Mayorkas.
Estas directrices entrarán en vigencia el 29 de noviembre de 2021, priorizan la deportación de extranjeros que representen una “amenaza para la seguridad nacional”, como actividades terroristas o de espionaje, o aquellos que representen una “amenaza para la seguridad pública” por haber cometido delitos o infracciones graves.
Este proceso requerirá un estudio minucioso caso a caso y se deberán tener en cuenta ciertos factores, como su edad, la duración de su presencia en el territorio, así como el impacto de su expulsión en sus familias.
Estas pautas suponen un cambio de política, luego de que el gobierno del expresidente Donald Trump permitiera el arresto de cualquier persona que residiera ilegalmente en el país.
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Las nuevas reformas a la ley migratoria han sido anunciadas en momentos críticos de la administración Biden debido a que enfrenta una afluencia récord de migrantes cruzando ilegalmente la frontera desde México.
Más de 1,3 millones han sido detenidos allí desde enero.
Más de 30.000 migrantes, en su mayoría haitianos, se congregaron bajo un puente en la pequeña ciudad de Del Rio, en Texas. Cerca de 2.000 personas fueron deportadas por avión a Haití, una medida criticada por el ala izquierda del Partido Demócrata.
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