OEA podría suspender relaciones con Nicaragua como castigo al régimen de Ortega
OEA se reunirá esta semana para evaluar la posible suspensión de relaciones con Nicaragua, debido a una "alteración en el orden constitucional" del régimen de Ortega.
Un informe de una comisión diplomática de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicado este martes, ha concluido que existe una “alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua”, lo que acerca el país centroamericano a su suspensión.
En el documento, la comisión reconoce que sus gestiones con el régimen de Daniel Ortega han sido “infructuosas” y, por ello, pide la convocatoria “inmediata” de una Asamblea General de la OEA, el foro supremo del organismo que reúne a los cancilleres del continente.
En esa reunión de carácter extraordinario, los titulares de Exteriores pueden optar por proponer la suspensión de Nicaragua, la manera más dura que tiene la OEA de amonestar a un país.
En sus 70 años de historia, el bloque hemisférico solo ha suspendido a dos naciones: Honduras, en 2009, después del golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya como presidente; y Cuba, en 1959 tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro y en medio de la Guerra Fría.
En concreto, la comisión pide al Consejo Permanente de la OEA, que reúne a los embajadores de los países, que declare oficialmente que “hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua” y que “convoque inmediatamente un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar esta cuestión”.
La convocatoria de esa sesión extraordinaria de la Asamblea General no es automática: es necesario el voto a favor de 24 de los países del Consejo Permanente, es decir, dos tercios de los 35 miembros de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962).
Para justificar que existe una ruptura del orden constitucional, la comisión asegura que el régimen de Ortega ha usado “mecanismos de control y subordinación” para controlar los demás poderes del Estado, incluidos el Legislativo, Judicial y el Consejo Supremo Electoral.