La política exterior de la administración de Joe Biden muestra un nuevo rumbo hacia Centroamérica y un claro reflejo de ello, según el periódico español El País, es la decisión de ese gobierno de no recibir en Washington al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, así como los serios cuestionamientos que ha planteado hacia el régimen del nicaragüense Daniel Ortega.
La gestión Biden ha expresado sus “diferencias” por la forma en que Bukele gobierna el país centroamericano, pues aunque es un mandatario que goza de una enorme popularidad en su nación, intenta tener control de las instituciones, mientras ataca públicamente a los medios de comunicación y las voces críticas, señala el prestigioso medio español.
El País hace referencia a la información que publicó la agencia AP, que cita a fuentes estadounidenses, sobre la solicitud de Bukele para reunirse con funcionarios de la gestión Biden, lo cual él ha negado.
De acuerdo con la AP, la semana pasada, el mandatario salvadoreño realizó un viaje no anunciado a la capital estadounidense con el fin de reunirse con autoridades del nuevo gobierno.
“El que crea que un presidente va a viajar a otro país a sentarse a pedir reuniones, tiene que revisar bien si posee un cerebro propio”, dijo Bukele en Twitter, su red social favorita para comunicarse con sus seguidores y por la que informa sobre sus decisiones presidenciales.
Según la AP, el Gobierno salvadoreño mantiene un contrato de 450,000 dólares con la firma de cabildeo Sonoran Policy Group para lograr respaldos dentro del sistema legislativo de Estados Unidos frente al cambio de la política exterior de Biden.
“El hecho que invierta una enorme fortuna en comprar acceso en Washington e intentar maquillar su imagen revela la precaria situación de su Gobierno con la actual Administración y con el Congreso de Estados Unidos”, explica a El País José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, y una voz crítica con las acciones de Bukele.
Para Vivanco, el hecho de que ningún funcionario del Gobierno de Estados Unidos accediera a reunirse con el mandatario salvadoreño “es un mensaje muy contundente, porque muestra a Bukele que las cosas han cambiado, que su conducta a nivel interno desde el punto de vista de derechos humanos, corrupción y su falta de respeto al Estado de derecho tiene consecuencias en la relación bilateral con Washington”.
Aunque Bukele mantenía una relación cercana con el anterior gobierno que dirigió Donald Trump, la ex embajadora de EE.UU. en El Salvador, Mari Carmen Aponte, ya había advertido que entre la gestión Biden y la de Bukele “todo funcionará”, siempre y cuando el líder salvadoreño dé muestras de cambios en varios aspectos, entre estos el combate a la corrupción.
“Después de que haya cuentas claras entre la administración de Biden y Bukele todo funcionará, pero eso requiere de cambios que aún no hemos visto en la administración del presidente Bukele”, tales como “la tolerancia en contra de la corrupción, la institucionalidad, el darle el valor apropiado a las leyes, respetar el estado de derecho como parte integral de la forma de gobernar en El Salvador”, señaló Aponte, durante una entrevista virtual que brindó al canal 33 en diciembre pasado.
“Mientras duró Trump, Bukele llegó a un entendimiento claro con Washington. El embajador de Trump en San Salvador era como el jefe de la barra que daba oxígeno de apoyo a Bukele, circunstancia que ha cambiado, porque Biden ha dejado muy claro que las relaciones bilaterales deberán estar fundadas en la lucha contra la corrupción, el respeto a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho”, agregó Vivanco a El País.
Norma Torres, legisladora demócrata de la Cámara de Representantes de EE. UU., manifestó su apoyo a la decisión de la gestión de Joe Biden de no recibir en Washington al presidente Bukele.
“Me alegra ver que el presidente Joe Biden establezca un nuevo tono con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele”, expresó en un tuit la legisladora Torres.
En las últimas semanas, Torres y otro congresista demócrata enviaron una carta al mandatario estadounidense pidiéndole mayor atención a los abusos en El Salvador, y en otra misiva le pidieron a Bukele cesar la confrontación y evitar seguir el camino de Trump, que con sus llamados al odio incitó a la violencia.
Los legisladores enviaron la última misiva luego del ataque armado perpetrado contra militantes del partido opositor izquierdista FMLN, el pasado 31 de enero. Del caso, las autoridades han reportado la detención de tres empleados del Ministerio de Salud como sospechosos de cometer el hecho de violencia, entre estos el jefe de seguridad del titular de la cartera de Estado, y contra quienes la Fiscalía presentó la acusación formal ante el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador.
EE.UU.: “Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura”
El Gobierno de Joe Biden también ha mostrado su preocupación por el rumbo que está tomando el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. El pasado lunes indicó que Ortega está conduciendo a su país “hacia la dictadura”, al rechazar la suspensión de operaciones a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y del capítulo local de la organización de escritores PEN Internacional.
“Estados Unidos está profundamente preocupado por la creciente represión del Gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua”, señaló en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
“Las acciones del régimen bajo la llamada ‘Ley de Agentes Extranjeros’ -continuó el portavoz- forzaron el cierre la semana pasada de dos bastiones de la libertad de expresión: el capítulo nicaragüense de PEN Internacional y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro”.
La Ley Reguladora de Agentes Extranjeros fue aprobada el 15 de octubre pasado por la mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional (Parlamento).
Conocida en Nicaragua como “Ley Putin” por los opositores, la norma establece multas, sanciones, y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, así como la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en “cuestiones, actividades o temas de política interna”, un concepto que la legislación dejó abierta a la interpretación de las autoridades.
Asimismo, clasifica como “agente extranjero” a las personas naturales o jurídicas nicaragüenses o de otra nacionalidad “que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua”, según el texto.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que lleva el nombre de la presidenta que gobernó Nicaragua de 1990 a 1997, anunció el pasado viernes el cierre de operaciones como consecuencia de la polémica ley que sanciona a quienes reciben financiación y donaciones del exterior.
Además de la fundación, han cerrado operaciones por esa ley la ONG sueca We Effect, que apoyaba a campesinos pobres desde hace 35 años, y el capítulo Nicaragua de la organización de escritores PEN Internacional, presidida por la escritora Gioconda Belli.
“Estos hechos asfixian aún más a la sociedad civil nicaragüense y alejan al país de unas elecciones libres y justas en noviembre. Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura”, advirtió el Departamento de Estado.
Además, afirmó Price “esto aislará aún más a su régimen de la comunidad mundial”.
“La Administración (del presidente estadounidense, Joe) Biden está comprometida a apoyar al pueblo nicaragüense y su demanda de democracia”, agregó el portavoz, que instó a Ortega “a cambiar de rumbo ahora”.