Jueza frena envío de tropas federales a Portland ordenadas por Trump
Una jueza nominada por Trump bloqueó por 14 días el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, tras una demanda del estado de Oregón.
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EFE
Publicado el 05 de octubre de 2025
Una jueza federal de Oregón, Karin Immergut, nominada por Donald Trump, suspendió por 14 días el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, ordenado por el actual Gobierno republicano. La medida responde a una demanda del estado y la ciudad, que acusan a la Casa Blanca de abuso de poder y de agravar la tensión social con una militarización innecesaria. El Gobierno argumenta que busca reforzar la seguridad ante protestas por redadas migratorias y la designación del movimiento Antifa como grupo terrorista. El fallo abre un nuevo debate sobre los límites del poder federal frente a los estados.
La jueza federal Karin Immergut, designada por Donald Trump durante su presidencia, suspendió de forma temporal la orden del actual Gobierno republicano de desplegar soldados de la Guardia Nacional en Portland, Oregón. La medida tendrá una vigencia inicial de 14 días, mientras se estudia una demanda presentada por el estado y la ciudad, que denuncian un presunto abuso del poder ejecutivo.
El fallo llega en medio de tensiones crecientes entre la Casa Blanca y los gobiernos locales demócratas por las políticas migratorias y las protestas en distintas ciudades del país. La administración federal había anunciado el envío de unos 200 efectivos para reforzar la seguridad en Portland, donde se han intensificado las manifestaciones contra las redadas migratorias.

Oregón acusa a la Casa Blanca de abuso de poder
En su recurso legal, las autoridades de Oregón argumentaron que la intervención militar ordenada por el Ejecutivo no busca preservar la seguridad, sino que podría agravar la situación.
“Lejos de promover la seguridad pública, las acciones provocadoras y arbitrarias amenazan con socavarla al incitar la indignación pública”, señala la demanda interpuesta ante la corte federal.
La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, ya había rechazado una solicitud del secretario de Defensa, Pete Hegseth, para desplegar la Guardia Nacional por iniciativa estatal. La Casa Blanca, sin embargo, decidió emitir la orden directamente bajo el argumento de proteger instalaciones federales y contener actos violentos en las protestas.
La estrategia de militarizar las ciudades ha sido cuestionada tanto por autoridades locales como por organizaciones civiles, que consideran que la presencia de tropas federales exacerba la tensión. Casos similares se han registrado en Illinois y otras regiones, donde también se intentó justificar la intervención federal por motivos de seguridad pública.
Portland, símbolo de resistencia y debate político
Portland se ha convertido en un punto focal de las protestas en Estados Unidos. La ciudad alberga al movimiento Rose City Antifa, uno de los grupos antifascistas más conocidos del país. Trump lo ha señalado en repetidas ocasiones como una amenaza y llegó a designar al movimiento Antifa como organización terrorista, una medida que generó amplio debate legal y político.
El expresidente describió a Portland como “una ciudad devastada por la guerra”, pero las autoridades locales han desmentido esas afirmaciones. Según la gobernadora Kotek y líderes comunitarios, las manifestaciones han sido mayoritariamente pacíficas y se mantienen bajo control de la policía estatal y local.
A pesar de ello, los enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes han ido en aumento. Testimonios y videos difundidos por medios locales muestran el uso de gases lacrimógenos y arrestos violentos frente a las oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
En una de las grabaciones de la cadena ABC, se observa cómo un agente derriba a un manifestante y le rocía gas pimienta en el rostro cuando ya estaba en el suelo.

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Un precedente judicial con implicaciones nacionales
El fallo de Immergut no resuelve el fondo del conflicto, pero sí marca un precedente en el debate sobre los límites del poder federal frente a la autonomía de los estados. Analistas legales consideran que el caso podría escalar a instancias superiores si el Gobierno decide apelar o insiste en enviar tropas bajo otros argumentos legales.
Para Oregón y otras jurisdicciones gobernadas por demócratas, el fallo representa un respiro temporal y una defensa del principio de autogobierno.
Mientras tanto, la comunidad local de Portland sigue exigiendo que se respeten los derechos de los manifestantes y que las autoridades federales detengan cualquier intento de represión.
El proceso judicial continuará en las próximas semanas, y su desenlace podría tener repercusiones más amplias sobre cómo el Gobierno de Estados Unidos gestiona la seguridad interna y la relación entre el poder federal y los estados.
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