Jueza en EE. UU. bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Portland

Una jueza federal de Estados Unidos extendió hasta el 7 de noviembre una orden que prohíbe al presidente Donald Trump desplegar a la Guardia Nacional en Portland, Oregón. La medida busca mantener la calma mientras el tribunal analiza de manera definitiva si la intervención militar solicitada por la Casa Blanca es constitucional.

La decisión, emitida por la jueza Karin Immergut en un documento de 16 páginas, representa un nuevo revés judicial para el mandatario republicano, quien ha intentado reforzar el control de las autoridades federales en ciudades gobernadas por demócratas.

Trump ya logró enviar tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles, Washington y Memphis, pero sus esfuerzos por hacer lo mismo en Portland y Chicago han sido frenados en los tribunales.

En su resolución, Immergut señaló que no encontró “pruebas creíbles” de que las manifestaciones frente al edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “se hubieran vuelto incontrolables”. La jueza subrayó además que las protestas “probablemente no constituían una amenaza de rebelión”, contradiciendo el argumento central de la administración federal.

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Protestas y tensiones por la política migratoria

Desde su regreso al poder en enero, Trump ha reactivado su agenda de deportaciones masivas, una de las principales promesas de su campaña electoral. Esta política ha provocado manifestaciones en diversas ciudades, donde organizaciones civiles denuncian abusos en las redadas migratorias y exigen una reforma del sistema de inmigración.

Portland se ha convertido nuevamente en un símbolo de resistencia ante las medidas federales. En años anteriores, la ciudad ya había sido escenario de choques entre manifestantes y agentes del orden durante las protestas por justicia racial. Esta vez, la tensión gira en torno al papel del ICE y al despliegue de fuerzas militares en territorio civil.

El presidente ha defendido su postura alegando que la Guardia Nacional es necesaria para “proteger instalaciones federales y garantizar el orden público”. Sin embargo, el fallo de Immergut pone en duda la existencia de una amenaza que justifique la intervención. “No hay indicios suficientes de que las protestas involucren algo más que actos violentos aislados y esporádicos”, concluyó la jueza.

Reacciones en Oregón y próximos pasos

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, y el fiscal general del estado, Dan Rayfield, ambos demócratas, celebraron la decisión judicial. “El estado se mantiene unido contra esta intervención militar indeseada, innecesaria e inconstitucional”, declaró Kotek en un comunicado. Rayfield agregó que el fallo “protege la autonomía de los gobiernos locales y el derecho de los ciudadanos a manifestarse sin intimidación militar”.

Aunque la orden actual vence el 7 de noviembre, se espera que la jueza Immergut emita un fallo definitivo el próximo viernes, lo que podría sentar un precedente sobre los límites del poder presidencial para utilizar fuerzas militares en conflictos civiles internos.

El caso también ha despertado atención internacional, dado que la relación entre el gobierno federal y los estados sigue siendo un tema clave en la política estadounidense. Analistas señalan que la decisión de Portland podría influir en otros procesos similares en curso, particularmente en Chicago, donde también se han registrado tensiones por la presencia de fuerzas federales.

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Un debate sobre autoridad y derechos civiles

Más allá del caso puntual, el debate reabre la discusión sobre el equilibrio entre seguridad y libertades ciudadanas en Estados Unidos. Para grupos de derechos humanos, el fallo representa una victoria simbólica frente a lo que consideran una tendencia hacia la militarización de la seguridad interior.

Mientras tanto, en Portland, las protestas continúan con menor intensidad, pero bajo la vigilancia de las autoridades locales. Las organizaciones civiles llaman al diálogo y a evitar enfrentamientos, conscientes de que la decisión judicial podría marcar un punto de inflexión en la relación entre la administración federal y los estados durante los próximos meses.