Cerca de 15 mil inmigrantes podrían perder acceso a la Green Card en Estados Unidos

La incertidumbre vuelve a instalarse entre miles de inmigrantes en Estados Unidos. Al menos 15,000 personas podrían perder sus protecciones migratorias y el acceso a una futura Green Card a partir de enero de 2026, luego de que la administración del presidente Donald Trump anunciara el fin del programa de Reunificación Familiar (FRP, por sus siglas en inglés).

Ante este escenario, inmigrantes y organizaciones civiles presentaron una demanda colectiva ante la Corte de Distrito de Massachusetts, con el objetivo de bloquear la notificación oficial que revoca el estatus legal de los beneficiarios del FRP y les permitiría continuar su proceso hacia la residencia permanente legal.

La acción legal es una ampliación del caso Svitlana Doe v. Noem, presentado en nombre de beneficiarios del permiso humanitario, sus patrocinadores y organizaciones defensoras de derechos humanos.

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Los demandantes advierten que el cierre abrupto del programa provocaría separaciones familiares, pérdidas económicas y daños irreparables para personas que siguieron cada paso exigido por el propio gobierno estadounidense.

“Los demandantes dejaron sus trabajos, vendieron propiedades y se prepararon para lo que creían sería el inicio de una nueva etapa en Estados Unidos”, declaró Esther Sung, directora legal del Justice Action Center.

¿Qué es el programa de Reunificación Familiar?

El FRP estaba dirigido a un subgrupo específico de inmigrantes que ya se encontraban en la fase final del proceso para obtener la residencia permanente basada en la familia. A través de este programa, los beneficiarios podían ingresar legalmente a Estados Unidos con un permiso temporal de permanencia y trabajo, mientras esperaban que su visa estuviera disponible.

Según los expertos citados en la demanda, este mecanismo solo se ofrecía a personas que ya habían sido aprobadas para una futura Green Card y que, en muchos casos, llevaban años —incluso más de una década— en listas de espera.

Sin embargo, el 15 de diciembre, la administración Trump anunció el fin del FRP y la cancelación de las protecciones migratorias y autorizaciones de empleo a partir del 14 de enero de 2026, dejando a miles de personas en un limbo legal.

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El impacto en la comunidad salvadoreña

Aunque la demanda agrupa a inmigrantes de varios países del continente, la comunidad salvadoreña figura entre las potencialmente más afectadas, debido a su peso histórico en los procesos de migración y reunificación familiar en Estados Unidos.

Datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Oficina del Censo indican que más de 1.3 millones de salvadoreños residen actualmente en Estados Unidos, lo que convierte a El Salvador en una de las comunidades migrantes más numerosas de Centroamérica.

Si bien no existe una cifra pública única y exacta que detalle cuántos salvadoreños poseen una Green Card —ya que los registros se agrupan por categorías migratorias—, estimaciones académicas y oficiales sitúan a los residentes permanentes salvadoreños en un rango de entre 600,000 y 700,000 personas. A esta cifra se suman decenas de miles más que se encuentran en procesos activos de reunificación familiar.

Para muchas de estas familias, el FRP representaba la vía legal para reunirse con padres, hijos o cónyuges, sin recurrir a cruces irregulares ni permanecer en la sombra migratoria.

Temor a separaciones y retrocesos

Las organizaciones que respaldan la demanda aseguran que el fin del programa no responde a un interés legítimo del Estado y genera un impacto humano profundo. “Nuestros clientes han echado raíces en sus comunidades. Trabajan, pagan impuestos y contribuyen a la economía local”, señaló Anwen Hughes, directora sénior de estrategia legal de Human Rights First.

Las familias afectadas han expresado su temor a una separación forzada a partir de enero, lo que implicaría perder empleo, estatus legal y estabilidad, aun cuando su proceso migratorio se desarrolló bajo reglas oficiales.

El caso Svitlana Doe v. Noem forma parte de un litigio más amplio que busca proteger los derechos de alrededor de 1.1 millones de personas que ingresaron a Estados Unidos bajo distintos programas de permiso humanitario, conocidos como parole.

Esto ocurre luego de que, en enero de 2025, la administración Trump pusiera fin a varios programas de parole para personas originarias de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, una decisión que también ha impactado indirectamente a otros esquemas migratorios.

Mientras el proceso judicial avanza, la incertidumbre crece entre miles de hogares, incluidos los de la diáspora salvadoreña, que observa con preocupación cómo una decisión administrativa podría cambiar, de un momento a otro, el rumbo de su futuro migratorio.