Intento de golpe en Guatemala: tensión entre el Ejecutivo y el sistema judicial

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, denunció que se intenta llevar a cabo un golpe de Estado desde el sistema judicial. La situación ha sido señalada por observadores internacionales y genera preocupación en sectores políticos, económicos y sociales, tanto dentro como fuera del país.

Conflicto institucional entre poderes del Estado

En una cadena nacional transmitida el 26 de octubre, el presidente Arévalo declaró que actores dentro del sistema de justicia buscan anular los resultados electorales que lo llevaron al poder en 2023. Señaló directamente al juez penal Fredy Orellana y a la fiscal general Consuelo Porras como responsables de una acción que califica como un intento de golpe de Estado. Ambos funcionarios han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción.

El juez Orellana solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación del partido oficial Movimiento Semilla y la nulidad de los comicios presidenciales. Esta no es la primera vez que se presenta un recurso de este tipo. El TSE no ha emitido una resolución al respecto. El partido Movimiento Semilla se encuentra suspendido en el Congreso desde finales de 2023, pero su vigencia legal electoral permanece activa.

El presidente solicitó a la Corte de Constitucionalidad que garantice los resultados de las elecciones generales. También exigió la destitución del juez Orellana al considerar que su conducta representa una violación del orden constitucional. Hasta ahora, la Corte no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.

Reacciones y contexto internacional

Organizaciones internacionales, entre ellas la Organización de Estados Americanos (OEA), han expresado preocupación ante las acciones del Ministerio Público. En septiembre de 2023, el secretario general de la OEA calificó como una ruptura institucional el intento de revertir el resultado electoral. Estados Unidos ha retirado visas a funcionarios guatemaltecos vinculados con acciones que considera contrarias al Estado de derecho. La Unión Europea ha emitido comunicados similares.

El presidente Arévalo, sociólogo de formación, fue electo con una plataforma de lucha contra la corrupción. Su llegada al poder se produjo pese a ubicarse inicialmente en posiciones bajas en las encuestas. Desde su elección, ha enfrentado múltiples obstáculos judiciales, como allanamientos a sedes partidarias, investigaciones penales a integrantes de su partido y bloqueo de financiamiento público.

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Situación jurídica y actores clave

El Ministerio Público ha argumentado que el partido Movimiento Semilla incurrió en irregularidades en su formación. Entre los argumentos presentados figura el supuesto uso de firmas falsas en el registro como partido político. Sin embargo, la defensa del partido sostiene que estas acusaciones no tienen sustento legal y que la Fiscalía ha excedido sus competencias.

La legislación guatemalteca establece que el Tribunal Supremo Electoral es la única instancia encargada de certificar los resultados electorales y declarar válidas las elecciones. Además, la Corte de Constitucionalidad ha emitido resoluciones en años anteriores indicando que ningún juez penal puede anular elecciones celebradas. El caso actual genera un nuevo precedente en el equilibrio entre el sistema judicial y el poder electoral.

Implicaciones para la estabilidad y la inversión

La incertidumbre institucional ha generado alertas en diversos sectores económicos. Para inversionistas regionales, especialmente de Centroamérica, la situación plantea escenarios de riesgo. La pérdida de confianza en el sistema de justicia puede influir en decisiones relacionadas con nuevos proyectos, expansión comercial o colocación de capital.

En el último año, la inversión extranjera directa en Guatemala ha mostrado señales de desaceleración, según datos del Banco de Guatemala. Consultoras internacionales han ajustado sus proyecciones de crecimiento debido al entorno político. La agencia Fitch Ratings revisó a la baja la perspectiva crediticia del país, citando riesgos institucionales como uno de los factores.

Al mismo tiempo, grupos de la diáspora guatemalteca han expresado preocupación por la situación. Varias organizaciones en Estados Unidos han enviado cartas al Congreso estadounidense solicitando mayor presión diplomática para que se respeten los resultados electorales y se mantenga el orden constitucional.

Posibles rutas del proceso legal

Las opciones legales dependerán de las resoluciones que emitan tanto la Corte de Constitucionalidad como el TSE. Hasta ahora, ninguna institución ha invalidado formalmente los resultados de las elecciones de 2023. La comunidad internacional ha reiterado su respaldo al gobierno electo.

Si el proceso judicial continúa sin intervención de la Corte, podrían generarse nuevos recursos ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organismos de la sociedad civil han anunciado que presentarán denuncias en defensa del mandato constitucional del presidente.

Mientras tanto, el Ejecutivo continúa con sus funciones, y el Congreso mantiene sesiones ordinarias. Sin embargo, la tensión entre poderes ha generado un ambiente de polarización que afecta la gobernabilidad.