Sube a diez el número de policías asesinados por pandilleros en Guatemala

Guatemala atraviesa uno de sus momentos más críticos en materia de seguridad en los últimos años. Con la muerte de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que permanecían hospitalizados por ataques armados, el número de policías asesinados en una sola escalada violenta ascendió a diez, según confirmaron las autoridades.

Los ataques se atribuyen a pandilleros, quienes desataron una serie de atentados en distintos puntos del país como represalia por la retoma del control de tres cárceles, donde reos mantenían como rehenes a decenas de guardias penitenciarios.

El objetivo de los motines, según el Gobierno, era presionar para el traslado de cabecillas del crimen organizado a prisiones con menores medidas de seguridad.

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Nuevas muertes confirman la escalada

Ocho agentes murieron el domingo en distintos ataques coordinados. El lunes, el Ministerio de Gobernación confirmó el fallecimiento de Frayan Medrano, quien había sido baleado cuando se desplazaba en motocicleta junto a otro policía que permanece en estado crítico. El ataque ocurrió al sur de la capital guatemalteca.

Horas más tarde, el director de la PNC, David Custodio, informó de la muerte de un décimo agente, Juan Paredes, quien sucumbió a las heridas de bala tras un atentado ocurrido en la periferia norte de Ciudad de Guatemala.

Las autoridades señalaron que los asesinatos están vinculados directamente a la reacción de las pandillas tras los operativos penitenciarios ejecutados el sábado.

Estado de sitio por 30 días

Ante la magnitud de la violencia, el presidente Bernardo Arévalo decretó la noche del domingo un estado de sitio por 30 días, una medida que permite detenciones e interrogatorios sin orden judicial y suspende temporalmente derechos como la libre reunión y manifestación.

El decreto fue ratificado este lunes por el Congreso, con 149 votos a favor, pese a que el Legislativo está dominado por la oposición. Durante la discusión, el texto original fue modificado, incluyendo nuevas disposiciones en el marco del Decreto 1-2025.

Entre los cambios aprobados destaca la prohibición temporal de visitas a los centros penitenciarios donde se encuentran recluidos miembros de las organizaciones Barrio 18 y Mara Salvatrucha, declaradas terroristas bajo la Ley Antipandillas.

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También se ajustaron las restricciones sobre el uso de armas: aunque inicialmente se planteó una limitación más amplia, los diputados permitieron que las personas con licencia vigente de portación puedan portar armas durante el estado de sitio.

Arévalo acusa a la Fiscalía

En medio de la crisis, el presidente Arévalo lanzó duras críticas contra el Ministerio Público, al que acusó de proteger judicialmente a presuntos responsables de los asesinatos.

“Es un insulto a los policías asesinados, a sus familias, al pueblo de Guatemala”, declaró el mandatario a través de sus canales oficiales.

Arévalo señaló que la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras, acusó a algunos sospechosos únicamente por delitos menores, como portación ilegal de armas y drogas, omitiendo cargos graves relacionados con terrorismo y homicidio.

“En lugar de perseguir con rigor a quienes asesinaron cobardemente a los agentes de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público optó por protegerlos”, afirmó el presidente.

Uno de los casos citados es el de Harol Salguero, de 19 años, presentado ante un juez y acusado solo por tenencia de armas y promoción de la drogadicción, pese a estar vinculado a los ataques del domingo.

El Ministerio Público respondió que el proceso penal se encuentra en sus primeras fases y que las acusaciones iniciales no excluyen otros cargos posteriores.

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Tensiones políticas y seguridad en debate en Guatemala

La crisis de seguridad también profundizó los choques políticos. Durante la sesión legislativa, diputados oficialistas y de oposición intercambiaron acusaciones.

El diputado Samuel Pérez señaló a la bancada de la UNE de supuestos vínculos con estructuras criminales, mientras que legisladores opositores cuestionaron al Gobierno por la fuga de 20 pandilleros del penal Fraijanes II y por decisiones administrativas previas.

Pese a propuestas para reducir el estado de sitio a 15 días, el Congreso mantuvo el plazo original de 30 días, mientras algunos diputados pidieron revisar el actuar del Organismo Judicial y del Ministerio Público en la aplicación de las leyes contra el crimen organizado.

Guatemala: un país en alerta

Con al menos nueve presuntos sicarios detenidos y un estado de excepción vigente, Guatemala permanece en alerta. El Gobierno insiste en que la medida busca recuperar el control del sistema penitenciario y frenar la violencia, mientras organizaciones civiles y actores políticos observan con preocupación el impacto de la crisis institucional y de seguridad.

Por ahora, el país enfrenta una combinación de violencia criminal, tensión política y desconfianza institucional, en un escenario que mantiene en vilo a la población y a las fuerzas de seguridad.