Miles de campesinos guatemaltecos marcharon este miércoles en la capital del país para exigir la renuncia de la controvertida fiscal general Consuelo Porras, opositora del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, y para protestar por el alto costo de vida.

Los manifestantes, convocados por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), también exigieron la renuncia del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana, quienes junto a Porras están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea como “actores corruptos”.

Ellos tres han liderado unos cuestionados procesos judiciales contra el mandatario socialdemócrata Arévalo y su partido Semilla, que pusieron en peligro su toma de posesión en enero pasado.

Arévalo ha tratado de conseguir la salida de Porras, pero carece de atribuciones para destituirla. Ella tiene mandato hasta 2026.

Portando banderas blancas con la palabra CODECA en negro, unos 4.000 campesinos partieron desde cuatro puntos para culminar en una plaza céntrica cercana a la casa presidencial.

Asimismo, los manifestantes exigieron que se reduzcan los costos de los productos de la canasta básica y que se nacionalice la energía eléctrica, ahora en manos de empresas privadas.

En los últimos meses, el precio de las verduras, legumbres, maíz y frijol han registrado fuertes alzas relacionadas con la poca producción o la pérdida de cultivos a causa del cambio climático.

Hace unas semanas, una libra de papa costaba 51 centavos de dólar y ahora está a un dólar, en tanto que el saco de 46 kilos de frijol vale 99 dólares y el maíz unos 28 dólares, con alzas de 15% y 65% en el último año, respectivamente.

El salario mínimo en Guatemala asciende a unos 445 dólares, mientras el costo de la canasta básica es de unos 270 dólares mensuales, según datos oficiales.

La dirigente campesina y excandidata presidencial Thelma Cabrera pidió además el “cese de la persecución en contra de los defensores de los derechos humanos y de la madre tierra y que paren los desalojos” de campesinos en distintas partes del país.

Los desalojos se dan principalmente por supuestas invasiones de campesinos a fincas privadas dedicadas a cultivos como palma africana para producir aceites, en manos de terratenientes.

“Pedimos al presidente que defina si está al lado del pueblo o al lado de los empresarios y corruptos”, afirmó Cabrera.