Supremo de EE. UU. deja en riesgo de deportación a 300,000 venezolanos acogidos al TPS

El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió este viernes a favor de la Administración de Donald Trump, autorizando nuevamente la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 300,000 venezolanos. 

Con seis votos a favor y tres en contra, la máxima instancia judicial permitió al Departamento de Seguridad Nacional retomar los planes de suspensión del amparo migratorio que, hasta ahora, protegía de la deportación a miles de personas.

El fallo deja a unos 350.000 venezolanos en riesgo inmediato de detención y deportación, mientras otros 250.000 perderán sus beneficios el 7 de noviembre, fecha en que expirará la protección actual. Aunque la decisión no afecta de momento a los beneficiarios haitianos del TPS, la medida ha encendido alarmas entre organizaciones de derechos humanos y comunidades migrantes en Estados Unidos.

Para la comunidad salvadoreña y latinoamericana residente en EE. UU., la medida también tiene un eco profundo: el TPS ha sido históricamente una herramienta clave para brindar estabilidad a quienes huyen de crisis humanitarias. Si se revoca el amparo para los venezolanos, observadores temen que se abra la puerta a decisiones similares contra otros grupos amparados bajo la misma figura.

“Las posturas en el caso han cambiado, pero los argumentos legales de las partes y los daños relativos no lo han hecho. El mismo resultado que se acordó en mayo es el apropiado”, señala la opinión mayoritaria del Supremo, que ratifica una resolución previa favorable al Gobierno de Trump.

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Disenso entre las juezas progresistas

Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en contra de la decisión. En su opinión disidente, Jackson expresó que “no puedo estar de acuerdo con esta interferencia repetitiva, gratuita y dañina en los casos que siguen pendientes en tribunales inferiores mientras hay vidas en la balanza”.

El recurso que dio pie al fallo fue presentado por el Gobierno en septiembre, solicitando autorización para retirar las protecciones contra la deportación que habían sido extendidas por orden judicial. La disputa legal se origina en el amparo concedido por la administración de Joe Biden en 2021, y ampliado en 2023, que cubría a inmigrantes venezolanos que ingresaron irregularmente a Estados Unidos.

Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Universidad de California Los Ángeles, calificó la decisión como “la señal más extrema de que la Corte Suprema ha abandonado el derecho por la política”.

Por su parte, Jéssica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), afirmó que “no permanecerán en silencio ante tal injusticia” e invitó a la comunidad a participar en la Semana de Acción para Proteger a las Familias del TPS, programada del 6 al 10 de octubre.

Llamado de la oposición venezolana a Washington

Desde Caracas, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora venezolana, pidió al Gobierno estadounidense revisar de forma “perentoria” su política migratoria. En un comunicado difundido en la red social X, el bloque exhortó a buscar “alternativas que permitan la permanencia legal” de los venezolanos afectados, recordando que “la inmensa mayoría se vio forzada a emigrar por la compleja crisis humanitaria” en su país.

“Reiteramos la solicitud de que el Gobierno de los Estados Unidos revise, en tiempo perentorio, su política migratoria en favor de los venezolanos”, expresó la PUD en su mensaje.

Con ocasión de la reciente decisión dictada por la Corte Suprema de Estados Unidos, mediante la cual se suspende, por vía de emergencia, la validez del TPS que brinda estatus migratorio legal a más de 300 mil connacionales que, como consecuencia de la compleja crisis humanitaria…

— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) October 4, 2025

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Impacto en la comunidad venezolana y reacción internacional

El fallo llega en un contexto en el que los venezolanos representan uno de los grupos migrantes de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Según estimaciones oficiales, más de 7 millones de personas han abandonado Venezuela en la última década, la mayoría en busca de estabilidad económica y seguridad.

Analistas migratorios advierten que la decisión del Supremo podría afectar no solo a quienes actualmente gozan del TPS, sino también a las familias que dependen de sus ingresos o que están en proceso de regularizar su estatus. La incertidumbre legal podría generar un aumento en la movilidad interna, la pérdida de empleos y la interrupción de tratamientos médicos o estudios.

Mientras organizaciones sociales preparan acciones legales y campañas de presión política, el futuro de cientos de miles de familias sigue dependiendo de un escenario judicial que, una vez más, refleja la polarización del debate migratorio en Estados Unidos.