España prevé regularizar a 500.000 inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos

España avanza a contracorriente de buena parte de Europa en materia migratoria. El Gobierno del presidente Pedro Sánchez aprobó un plan excepcional de regularización que podría beneficiar a alrededor de 500.000 inmigrantes, en su mayoría procedentes de América Latina, según confirmó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. La iniciativa refuerza un enfoque basado en derechos humanos, integración y aporte económico, en un contexto continental marcado por políticas cada vez más restrictivas.

La medida fue aprobada en Consejo de Ministros mediante un real decreto, una figura legal que no requiere votación parlamentaria. Según explicó Saiz en declaraciones a la televisión pública, el proceso permitirá regularizar a personas que se encuentren en España desde hace al menos cinco meses, que hayan llegado antes del 31 de diciembre de 2025, y que no tengan antecedentes penales.

Las tramitaciones se iniciarán a partir de abril y se extenderán hasta el 30 de junio. Una vez regularizadas, estas personas podrán “trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país”, detalló la ministra. El anuncio marca uno de los movimientos más amplios del Ejecutivo español en materia migratoria en las últimas dos décadas.

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Un modelo migratorio distinto dentro de la Unión Europea

El Gobierno español se presenta como una excepción dentro de la Unión Europea, donde varios países han endurecido sus políticas migratorias bajo la presión de fuerzas de extrema derecha. Frente a ese escenario, el Ejecutivo de Sánchez sostiene una visión que combina migración legal y ordenada con un enfoque abierto y humano.

“Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social”, afirmó Elma Saiz en una rueda de prensa posterior a la aprobación del plan.

El propio Sánchez ha defendido en distintas ocasiones el papel de la migración en la economía española. Según el presidente del Gobierno, “el 80% del crecimiento” económico del país en los últimos seis años y el 10% de los ingresos de la seguridad social se deben a la migración. Estas declaraciones se producen en un contexto de mejora del mercado laboral: el desempleo en España cayó por debajo del 10% en el cuarto trimestre de 2025, y una mayoría de los nuevos empleados son extranjeros, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística.

España cuenta actualmente con una población de 49,4 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones son extranjeros. A 1 de enero de 2025, residían en el país unos 840.000 inmigrantes en situación irregular, en su mayoría de América Latina, según el centro de investigación económica y social Funcas.

Antecedentes, apoyos y críticas al plan

Esta regularización excepcional se suma a otras iniciativas recientes del Ejecutivo. En noviembre de 2024, Sánchez ya había anunciado una reforma del reglamento de extranjería con el objetivo de regularizar a 300.000 personas por año durante un trienio. La intención, según el Gobierno, es paliar el envejecimiento de la población en un país donde el número de nacimientos se redujo un 25,6% desde 2014, de acuerdo con datos oficiales.

El plan actual también se produce tras un acuerdo entre el Gobierno y Podemos, partido de extrema izquierda y antiguo socio del Ejecutivo, que en los últimos meses ha mantenido una postura crítica hacia los socialistas. Desde esa formación, la eurodiputada Irene Montero defendió la regularización con un mensaje contundente: “El racismo se responde con derechos. Si ellos secuestran niños, si ellos asesinan, si ellos aterrorizan a la gente, nosotros damos papeles”, en una crítica velada al gobierno estadounidense de Donald Trump.

La medida llega además después de que quedara estancada en el Parlamento una iniciativa popular que pedía la regularización de todos los inmigrantes irregulares en España. Esa propuesta contaba con más de 600.000 firmas y el respaldo de unas 900 asociaciones.

Desde la oposición, las reacciones fueron duras. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó el plan en la red social X al señalar que “en la España socialista, la ilegalidad se premia”, y calificó la política migratoria de Sánchez como “disparatada”. También afirmó que el Gobierno busca “desviar la atención” de la tragedia ferroviaria que dejó 45 fallecidos en el sur del país el 18 de enero.

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Más contundente fue el líder de Vox, Santiago Abascal, quien escribió en X: “¡500.000 ilegales! El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo. Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión”.

En contraste, sectores sociales que llevan años reclamando una regularización amplia celebraron la decisión. Entre ellos, la Iglesia católica, que calificó la medida como “un acto de justicia social”.

La última regularización masiva en España se remonta a 2005, durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Dos décadas después, el país vuelve a situar la migración en el centro del debate público, con una política que busca responder tanto a necesidades económicas como a demandas sociales, y que vuelve a colocar a España en una posición singular dentro del mapa migratorio europeo.