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Juez de Texas declara ilegal operaciones de deportaciones exprés del gobierno Trump
El juez Fernando Rodríguez prohíbe que el gobiernoTrump aplique la vía exprés con la antigua Ley de Enemigos Extranjeros, pero matiza que puede proceder con las expulsiones del grupo de venezolanos amparándose en otra ley distinta, la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Un juez federal de Texas prohibió este jueves al Gobierno de Donald Trump usar la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII para expulsar de Estados Unidos por la vía rápida a un grupo de venezolanos detenidos en un centro migratorio en ese estado sureño.
El juez Fernando Rodríguez, que fue nombrado por Trump en su primer mandato, consideró que el mandatario aplicó ilegalmente la antigua legislación.
El togado emitió el fallo en respuesta a una demanda colectiva de varios de los afectados y después de que el pasado 19 de abril el Tribunal Supremo ya bloqueara esas mismas expulsiones bajo esa particular normativa de 1798.
En su fallo, el magistrado prohíbe "permanentemente" al Gobierno el uso de esta ley, utilizada previamente solo en tiempos de guerra, que Trump invocó el 14 de marzo para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
En la opinión que sustenta el fallo, Rodríguez explica que "el registro histórico deja claro que la invocación del presidente de la (Ley de Enemigos Extranjeros) a través de una proclamación excede el alcance del estatuto y es contraria al significado sencillo y ordinario de los términos del estatuto".
La cadena CNN dijo que el fallo es un golpe significativo a la decisión de Trump en marzo de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, que se ha enfrentado a numerosos desafíos legales y ha sido paralizada por varios tribunales. Pero el fallo de Rodriguez es el primero en concluir que el presidente excedió su autoridad al basarse en una ley que estaba destinada a ser utilizada en momentos en que Estados Unidos está en guerra.
El gobierno de Trump, escribió Rodriguez, “no posee la autoridad legal bajo la AEA, y con base en la Proclamación, para detener a extranjeros venezolanos, transferirlos dentro de Estados Unidos o expulsarlos del país”.
“Permitir que el presidente defina unilateralmente las condiciones en las que puede invocar la AEA, y luego declarar sumariamente que esas condiciones existen, eliminaría todas las limitaciones a la autoridad del Poder Ejecutivo bajo la AEA, y despojaría a los tribunales de su papel tradicional de interpretar los estatutos del Congreso para determinar si un funcionario del gobierno ha excedido el alcance del estatuto”, escribió el juez. “La ley no apoya tal posición”.
No obstante, matiza que el Gobierno de Trump puede proceder con las expulsiones del grupo de venezolanos amparándose en otra ley distinta, la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Tres de los denunciantes son venezolanos detenidos en el centro de detención El Valle de Raymondville (Texas), que niegan pertenecer al Tren de Aragua y argumentan que el uso de la ley centenaria les está privando del debido proceso recogido en la Constitución estadounidense.
El 19 de abril, el Tribunal Supremo bloqueó las expulsiones de venezolanos detenidos en ese centro bajo la ley centenaria ante los recursos de emergencia interpuestos por una organización que denunciaba que el Gobierno de Trump intentaba expulsar a más inmigrantes a El Salvador.
“No se puede exagerar la importancia de este fallo”, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que ayudó a presentar el desafío legal.
“Este es el primer tribunal que se pronuncia directamente sobre la cuestión fundamental de si una autoridad en tiempos de guerra puede utilizarse en tiempos de paz, y llegó a la conclusión de que no puede”, dijo Gelernt.
¿Quién es el juez Fernando Rodríguez?
El juez Fernando Rodríguez Jr. fue designado por el presidente Donald Trump el 7 de septiembre de 2017 para ocupar una vacante en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas. Su nominación fue confirmada por el Senado el 5 de junio de 2018 con una votación unánime de 96-0, y recibió su comisión judicial el 12 de junio de 2018.
Antes de su nombramiento, Rodríguez trabajó como director de oficina de campo para la organización International Justice Mission en Bolivia y la República Dominicana, liderando esfuerzos para combatir la trata sexual de niños. Su labor contribuyó al rescate de más de 110 víctimas y a la condena de 21 perpetradores.
Rodríguez es originario de Harlingen, Texas, y obtuvo su licenciatura en Yale University en 1991 y su título de abogado en la Universidad de Texas en Austin en 1997.