Familiares de los 16 migrantes guatemaltecos masacrados en enero pasado en México despidieron este fin de semana a las víctimas originarias de Comitancillo, municipio de San Marcos, al oeste de ese país centroamericano.
En medio de la consternación, los pobladores rindieron homenajes y velaron a sus seres queridos, que perdieron la vida a manos de presuntos sicarios del Cartel del Noreste, los antiguos Zetas, que buscaban a un mando del Cartel del Golfo, la organización que controla la zona en Tamaulipas.
Los restos de los migrantes fueron localizados el pasado 22 de enero en el poblado de Santa Anita, del municipio mexicano de Camargo, donde 19 personas fueron baleadas y calcinadas dentro de un vehículo, entre las víctimas estaban 16 guatemaltecos y tres mexicanos.
Siete semanas después, el viernes 12 de marzo, los 16 cuerpos llegaron a Guatemala en un vuelo organizado por las autoridades migratorias mexicanas. En la sede de la Fuerza Aérea Guatemalteca los recibió un contingente de políticos y funcionarios, entre los que destacó la presencia del presidente del país, Alejandro Giammattei.
Los restos fueron trasladados por cuenta de la Cancillería guatemalteca a sus poblados. Primero arribaron a Comitancillo, en el departamento de San Marcos, y antes de la medianoche fueron enviados a la decena de aldeas de donde eran originarios.
Algunas familias vieron la recepción del Gobierno desde sus aldeas y al concluir se dirigieron con otros miles de personas al estadio Santa Cruz de Comitancillo, donde recibieron a 12 de los cuerpos.
La solemnidad de los eventos se cortaba con el llanto y lamentos de hombres y mujeres, como Zaidi Aguilón, quien abrazó el féretro en el que se encontraba su esposo, Iván Gudiel Pablo Tomás, y que, como el resto de ataúdes de las víctimas, estaba cubierto con una bandera de Guatemala.
Élfego Roliberto Miranda Díaz inauguró el sábado el cementerio de la aldea de San Francisco, en una zona donde predominan las familias que reciben remesas de dinero de otros migrantes que se adelantaron.
A pesar de contar con un título de perito contador, Élfego pensó que en Estados Unidos podía mejorar las condiciones de vida de su familia, instalada en una tierra árida, colmada de casas de adobe y techo de paja, con suelo de tierra. Pero su sueño se truncó en territorio mexicano.
Su hermana Dalila, de 24 años, dijo a Efe que exige justicia y que necesita saber "por qué lo mataron".
“Vamos a pedir que el presidente de México (Andrés Manuel López Obrador) se haga responsable de los niños que ya se quedaron huérfanos”, comentó respecto de sus tres sobrinos y del cuarto que aún está en el vientre de su cuñada.
En la casa de los Miranda un mariachi amenizaba la tarde mientras un canal evangélico de televisión del municipio transmitía en directo su velorio.
Así como los Miranda, el resto de ataúdes con los cuerpos de los migrantes fueron recogidos por las familias de cada uno para velarlos en sus casas antes de enterrarlos.
Algunas casas entre los caseríos de donde salieron los 16 indocumentados sobresalen. Son de bloques de cemento y están pintadas con colores brillantes. Tienen arcos y algunas balcones.
Es la arquitectura de remesas, el mayor motor de la economía guatemalteca y que el año pasado, pese a la pandemia, volvió a romper récord con más de 11,340 millones de dólares enviados.
Otra de las asesinadas, Cristina García Pérez, de 20 años, había decidido viajar para conseguir el dinero suficiente para pagar la operación de labio leporino de su hermana de un año, según una publicación del medio Plaza Pública.
María Isidro Díaz, madre de Rubesly Elías Tomás Isidro, dijo a medios guatemaltecos e internacionales que pagó 15,000 quetzales (casi 2,000 dólares) al coyote (traficante de personas) y que además a Rubesly le robaron otros 2,000 quetzales (260 dólares) antes de que el grupo del crimen organizado acabara con su vida.
Lo último que le dijo Rubesly, contó, fue: "Estamos aquí (en Camargo), mañana vamos a llegar a la frontera. Voy a apagar mi teléfono y la llamo estando allá". Luego se enteró que les habían quitado el teléfono y robado el dinero que llevaba consigo.
Otra víctima de la masacre fue Edgar López y López, de 50 años, y que había vivido los últimos 30 en Estados Unidos como indocumentado. Hace cinco meses había sido deportado tras el endurecimiento de medidas antimigratorias del entonces presidente Donald Trump y, al hallarse de vuelta en Comitancillo, prefirió volver a su otra vida, la que había amasado ya en el país norteamericano.
Cada año más de 200,000 guatemaltecos intentan emigrar ilegalmente a Estados Unidos, donde radican tres millones de sus compatriotas, en busca de mejores condiciones de vida y para huir de la violencia y la pobreza en su país.
Según datos del Gobierno guatemalteco, más del 60 % de la población vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, y uno de cada dos niños padece de desnutrición.