Carteles como el de Jalisco Nueva Generación o el de Sinaloa, controlado por Joaquín "el Chapo" Guzmán, son algunas de las agrupaciones criminales que operan con transacciones de Bitcoins, según revela el periódico de origen francés France24.
De acuerdo con la información recogida por el medio hacia finales de diciembre de 2020, las autoridades de México y Estados Unidos se han encargado de rastrear las actividades ilícitas que rodean a dicha criptomoneda, misma que ha sido utilizada para lavar dinero proveniente de delitos.
Según el medio, el uso de monedas es una alternativa que extiende el accionar delictivo hacia el ciberespacio, y los distintos carteles utilizan la divisa virtual para hacer pequeños y numerosos depósitos a sus cómplices en distintos países y sin despertar las alarmas de las autoridades, algo que no ocurriría en el sistema bancario convencional.
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La nueva modalidad para financiar el crimen organizado salió a la luz cuando en abril de 2019, según Infobae, la policía federal de México capturó a Ignacio Santoyo, alias "Sony", quien era buscado por el delito de trata de personas.
Tras varios meses intentando dar con su paradero, fue ubicado cuando se activaron las alarmas debido a que había adquirido una cantidad de bitcoins por encima de lo regulado por las leyes mexicanas.
Dicha criptomoneda era utilizada por Santoyo para lavar el dinero que obtenía en actividades que incluían la explotación de más de 2 mil jóvenes de países como Brasil, Colombia, Venezuela y Argentina, donde el "Sony" las reclutaba y las chantajeaba para que aparecieran en vídeos para sitios web con contenido para adultos, según Infobae.
La ubicación de Santoya fue gracias a una legislación mexicana que exige a todas las plataformas que operan con criptomonedas reporten aquellas transferencias que superen el límite de 2,830 dólares o equivalentes al 0.078 BTC del valor que tiene el bitcoin al momento de esta nota.
No obstante, los grupos delictivos han encontrado esa cantidad techo en las transferencias como un vacío legal que les permite realizar múltiples transacciones sin despertar sospechas, sobre todo, porque la criptomoneda como tal no es controlada por ninguna entidad, autoridad o institución de carácter oficial.
“Hay una transición hacia cometer delitos en el ámbito cibernético, como la adquisición de criptomonedas para lavar el dinero, y la pandemia la está acelerando”, cita Infobae a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda de México.
Por su parte, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, afirmó que se encuentran verdaderamente preocupados por la facilidad con la que se puede hacer blanqueo de capitales con las criptomonedas, por lo que afirmaron que trabajarán de la mano con el gobierno mexicano para perseguir los delitos relacionados a ello.
Aún así, las autoridades de México, afirmaron que el caso de Santoyo podría ser solo "la punta del iceberg", y que probablemente haya muchos más delitos que se están cometiendo con esta nueva modalidad, que aporta el beneficio del anonimato en varios aspectos para los grupos delictivos.
Además de Santoyo, las autoridades mexicanas también capturaron en 2019 a Héctor Ortiz, conocido como "H-1" luego de adquirir miles de dólares en bitcoins con el único propósito de lavar activos provenientes de hechos ilícitos.
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El descubrimiento de ambos casos fue gracias a la Ley Fintech implementada en México desde 2018, país que regula todo tipo de transacción digital a pesar no no haber legislado nunca el uso del bitcoin de manera directa, y que obliga a las plataformas a dar alerta y brindar los datos de los usuarios que sobrepasen la cantidad antes indicada en esta nota.
Mientras tanto, en la iniciativa de ley enviada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a la Asamblea Legislativa en la noche del martes 8 de junio, misma que fue aprobada la madrugada del miércoles 9, no se contempla en ninguno de sus 16 artículos la posibilidad de regular transacciones, y tampoco se estipula si habrá límites en las cantidades que se transfieran en la adquisición de criptomonedas, por lo que el marco legal que regule las actividades que involucran la nueva divisa digital aún se desconocen.