Reforma británica plantea el mayor giro al asilo en décadas

El Gobierno británico dio a conocer, según informó EFE, su propuesta para la mayor reforma del derecho de asilo en décadas, un proyecto que introduce límites inéditos a la residencia de refugiados, modifica la reunificación familiar y acelera los procesos de retorno. El anuncio, presentado por el Ministerio del Interior, forma parte de una estrategia que busca reorganizar de manera integral el sistema migratorio y ajustar los mecanismos de protección internacional en un contexto de presión creciente sobre los servicios públicos y las capacidades de acogida.

El documento oficial, inspirado en el modelo aplicado en Dinamarca, integra medidas que intentan reducir las llegadas irregulares, fortalecer la capacidad de expulsión y crear vías legales más controladas para solicitudes consideradas genuinas. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, subrayó ante EFE que el plan pretende “unir a un país dividido”, un mensaje que llega en medio de debates intensos dentro del propio laborismo sobre la orientación de la política migratoria.

La propuesta surge en un momento en el que las peticiones de asilo han mostrado un incremento sostenido durante los últimos años. Desde 2021, más de 400,000 personas han solicitado protección, una cifra notablemente superior al periodo de 2011 a 2015. En ese contexto, el Gobierno considera que el modelo actual requiere una transformación amplia para manejar los flujos migratorios y reforzar la credibilidad del sistema.

Residencia limitada y nuevos criterios de integración

Uno de los cambios más profundos del plan es la reducción del periodo inicial de residencia otorgado a refugiados que huyen de conflictos. El tiempo se recortará a 30 meses, con posibilidad de revisión según la evolución en sus países de origen. La residencia permanente, que actualmente puede obtenerse tras cinco años, se extenderá a un periodo de 20 años, bajo el cual las personas podrían perder el derecho a permanecer en el país si surgen cambios sustanciales durante ese lapso.

El proyecto plantea además rutas alternativas que permitan acceder a la residencia antes de ese periodo prolongado. Estas vías incluyen nuevos visados de trabajo o estudio, con los que se pretende impulsar la integración social y económica de quienes cumplan los requisitos establecidos. Con este diseño, el Ejecutivo busca incentivar que quienes reciben protección contribuyan activamente a la sociedad de acogida dentro de canales regulados y supervisados.

La reunificación familiar dejará de ser automática. Solo podrán optar a ella aquellos refugiados que participen en los visados de trabajo o estudio. Este cambio representa una de las modificaciones más sensibles del plan, dado que afecta directamente uno de los pilares tradicionales del sistema de protección, ahora sujeto a criterios de capacidad productiva y de integración.

Ajustes en ayudas públicas y alojamiento

Con el propósito de disminuir incentivos para la migración irregular, el Gobierno británico prevé restringir el acceso a ciertas prestaciones. Quienes tengan medios para mantenerse deberán hacerlo sin subsidios de vivienda o apoyos sociales. Según el documento citado por EFE, la ayuda estatal ya no se garantizará por defecto. Será una opción condicionada al cumplimiento de la ley, la cooperación con las autoridades y la aceptación de los procesos de reubicación establecidos por el Gobierno.

El proyecto incorpora mecanismos que permiten requerir a los solicitantes de asilo que cuenten con activos o ingresos —y una eventual confiscación si se descubren posteriormente— que contribuyan a su propia manutención. Esta medida se alinea con la intención de optimizar los recursos públicos destinados a la acogida.

Asimismo, se eliminará el uso de hoteles como espacios de alojamiento temporal para solicitantes de asilo. En su lugar, se prevé el traslado progresivo a instalaciones de tipo comunitario o con características similares a recintos militares. La decisión responde al esfuerzo por reducir los costos generados por el aumento de personas en espera de resolución, que en 2023 alcanzaron cerca de 9 millones de libras por día.

Devoluciones aceleradas y acuerdos internacionales

El plan presentado por el Ejecutivo también busca intensificar los procesos de devolución para personas sin derecho a permanecer en el país. La iniciativa contempla apoyo económico para incentivar el retorno voluntario, un enfoque que combina asistencia con la agilización de trámites para resolver casos pendientes.

El Gobierno mantiene negociaciones con terceros países catalogados como seguros, con el objetivo de enviar a solicitantes rechazados que no puedan regresar a sus lugares de origen por razones legales o humanitarias. Entre las medidas adicionales figura la posibilidad de aplicar sanciones a países que no cooperen con el retorno de sus ciudadanos, como la denegación de visados. Ya se han emitido advertencias a la República Democrática del Congo, Namibia y Angola, según los datos proporcionados a EFE.

Otra modificación relevante consiste en reformar la ley de derechos humanos para limitar la aplicación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, referente al respeto a la vida familiar y privada. El Ejecutivo también pretende ajustar el artículo 3, con el fin de evitar lo que considera un uso abusivo de denuncias relacionadas con tortura.

Apertura de rutas seguras y participación comunitaria

El plan no se limita a medidas restrictivas. También propone crear nuevas rutas seguras y legalmente reguladas para refugiados genuinos, con cupos definidos y criterios estrictos. Este aspecto intenta equilibrar el control migratorio con un compromiso humanitario, adaptando el sistema a los estándares internacionales mientras se mantiene un seguimiento riguroso de cada proceso.

Te puede interesar: ¿Sin pasaporte? Conocé a dónde podés viajar solo con tu DUI

El documento prevé que organizaciones y particulares puedan participar en programas de patrocinio comunitario, lo que permite una integración más cercana y planificada. Esta iniciativa desea fortalecer los lazos entre comunidades locales y refugiados, fomentando una transición más estable y apoyada.

Desde la llegada del Gobierno laborista en julio de 2024, se han resuelto 85,000 solicitudes de asilo y se han llevado a cabo más de 48,000 retornos, incluidos aquellos correspondientes a personas con antecedentes penales. Actualmente, unas 106.000 personas aguardan la respuesta a su solicitud en alojamientos financiados por el Estado, un indicador de la magnitud del reto que el país enfrenta en materia migratoria.

Un sistema en transformación

Con esta propuesta, el Gobierno británico inicia un proceso de cambios de largo alcance que redefine el acceso al asilo y modifica aspectos centrales del sistema de protección. El proyecto deberá discutirse ahora en el Parlamento, donde se anticipa un debate amplio y detallado sobre su alcance y las implicaciones para miles de personas que buscan refugio.

El plan, tal como fue descrito por EFE, combina restricciones más estrictas con nuevas oportunidades de integración, ubicándose en un punto intermedio entre el control migratorio y la creación de rutas seguras. A la espera de su aprobación final, la reforma marca un momento decisivo para la política migratoria del país.