Más de 25 años después de liderar la Justicia estadounidense bajo la Presidencia de George H.W. Bush. (1989-1993), William Barr volverá al cargo en un momento en el que la independencia de ese departamento está en entredicho.
Barr, un abogado conservador de 68 años, fue confirmado este jueves por el Senado estadounidense para convertirse en el nuevo fiscal general de Estados Unidos, en sustitución de Jeff Sessions, quien renunció al cargo a petición del presidente Donald Trump a principios de noviembre.
Los senadores votaron 54-45 para confirmarlo, principalmente en línea partidista
Durante el proceso de confirmación, Barr fue interrogado por el futuro manejo y sus intenciones respecto a la investigación de la trama rusa, liderada por el fiscal especial Robert Mueller, y reivindicó su independencia frente a hipotéticas “interferencias políticas”.
“Bajo mi vigilancia, se permitirá a Bob (Mueller) que concluya su trabajo”, subrayó Barr, en su primera audiencia de confirmación en el Senado el mes pasado, al tiempo que respaldó “la vital importancia” de que se completen las pesquisas sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.
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En diciembre pasado, Trump afirmó que Barr fue su “primera elección desde el primer día”, al anunciar la nominación de este abogado, al que calificó de “muy íntegro” y “uno de los juristas más respetados del país”.
En los últimos dos años, Barr ha expresado opiniones afines a Trump sobre la trama rusa, de la que ha dicho que le gustaría que estuviera “más equilibrada”, y sugerido que el equipo de Mueller pudo haber estado detrás de algunas filtraciones sobre la investigación.
“Las filtraciones por cualquier investigación son deplorables y plantean dudas sobre si existe una agenda (detrás)”, dijo Barr al ser preguntado por The Hill, un diario especializado en política estadounidense, en junio de 2017.
En su confirmación Barr no ha afrontado grandes obstáculos, dado el respaldo de los republicanos, que respetan su experiencia, y los demócratas, quienes lo ven como un abogado de la vieja guardia sin una lealtad personal al presidente.
Hasta hoy, el Departamento de Justicia ha sido dirigido de forma interina por el fiscal general en funciones, Matthew Whitaker, un personaje que ha recibido un amplio escrutinio público por expresar su opinión contraria a la investigación de Mueller.
En septiembre de 2017, Whitaker escribió una columna de opinión para la cadena CNN en la que advirtió de que Mueller estaba “peligrosamente cerca de cruzar” una “línea roja”, en referencia a su indagación sobre los posibles lazos financieros de Trump con Rusia.
Nacido en Nueva York en 1950 en el seno de una familia de intelectuales -sus padres eran profesores de la Universidad de Columbia-, Barr siempre destacó en los estudios y fue graduado con honores en sus estudios como jurista y abogado.
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Poco después de licenciarse, empezó a trabajar en la CIA y forjó una etapa que marcaría su futuro de una manera determinante tras coincidir ahí con Bush padre, entonces director de la agencia de inteligencia estadounidense.
Tras esa etapa, Barr trabajó brevemente dentro de la Administración de Ronald Reagan (1981-1989), en el apartado de política doméstica.
Más tarde, al llegar Bush padre a la Presidencia, el entonces nuevo presidente llamó a Barr para que formase parte del Departamento de Justicia como asistente del fiscal general; un cargo que finalmente ocupó del 1991 hasta el 1993.
“Dije en mis audiencias de confirmación, y he dicho varias veces desde entonces, que la lealtad definitiva del fiscal general debe ser al Estado de Derecho y no al presidente que lo nombró”, apuntó Barr en un discurso en 1992, según recoge hoy el diario The New York Times.
Después de la derrota electoral de Bush padre, Barr pasó al sector privado y desempeñó varios cargos corporativos de alto nivel, incluso como asesor y vicepresidente ejecutivo de la mayor operadora móvil de EE.UU, Verizon.
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La elección de Barr, con una amplia experiencia en los sectores público y privado, pretende apaciguar los ánimos de la bancada demócrata y de la opinión pública sobre la falta de independencia del Departamento de Justicia respecto a los anhelos de la Casa Blanca.