El dueño de una televisora crítica del Gobierno de Nicaragua fue llevado hoy ante las autoridades judiciales, luego de ser capturado por la Policía local, en medio de un allanamiento en su edificio ejecutado anoche.
El propietario del canal de televisión 100 % Noticias, Miguel Mora, fue presentado este sábado en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencias de Managua, para acusarlo de “fomentar e incitar al odio y la violencia” y de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”.
En las últimas dos semanas decenas de simpatizantes del Gobierno presentaron acusaciones similares contra Mora, ante el Ministerio Público.
También se denunció que la jefa de prensa de 100 % Noticias, Lucía Pineda Ubau, y la esposa de Miguel Mora, Verónica Chávez, fueron secuestradas por policías orteguista. Sin embargo, horas después, Chávez fue liberada.
Los ofendidos culpan a Mora por los actos violentos en la crisis.
Junto con Mora, anoche fue capturada su esposa, Verónica Chávez, la periodista Lucía Pineda Ubau, de nacionalidad costarricense y nicaragüense, y el conductor Joseph Hernández.
Chávez fue liberada horas después, pero se desconoce la suerte de Pineda, Hernández, así como de un controlista, dos vigilantes y una mujer que permanecían en la televisora al momento del allanamiento.
El canal 100 % Noticias amaneció clausurado la mañana de este sábado, horas después de que el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, ordenó a las operadoras de televisión por suscripción retirarlo de su menú.
Por esto acusan por “terrorismo” a Miguel Mora, el dueño del canal de televisión 100% Noticias. Un disparate. pic.twitter.com/onad07WQXS
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) 22 de diciembre de 2018
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado acciones de este tipo como la más reciente etapa de “represión del Gobierno de Nicaragua”.
Desde el estallido social de abril pasado, Nicaragua atraviesa una crisis que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
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El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica de “golpistas”, “terroristas” y “delincuentes comunes”.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.