El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, afirmó hoy que el Episcopado está listo para llamar a la continuación del diálogo nacional para superar la crisis del país, suspendido en julio pasado de forma indefinida a causa de agresiones físicas de grupos oficialistas al clero.
“Cuando las partes nos digan que están listas para reunirse, nosotros estamos listos para convocar”, dijo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), a periodistas.
La CEN actúa como mediadora en el diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica, para superar la crisis que ha dejado entre 317 y 448 muertos desde el 18 de abril pasado en protestas contra el presidente Daniel Ortega, quien reconoce 198 víctimas.
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Al menos un periodista ha muerto como producto de la crisis de Nicaragua, y otros han denunciado haber sufrido golpes, amenazas, censura, robo y destrucción de bienes, en su mayoría por parte de las autoridades del Gobierno
La Alianza Cívica, representada por empresarios, estudiantes, campesinos e integrantes de la sociedad civil, ha anunciado en reiteradas ocasiones que está lista para dialogar.
El Gobierno no se ha referido al respecto, y el presidente Ortega descalificó a la CEN el 19 de julio pasado al afirmar que forman parte de un “plan” para ejecutar un golpe de Estado.
Brenes insistió en que el Episcopado llamará a diálogo cuando ambas partes lo expresen.
“Tienen que ponerse de acuerdo y decir: miren, ya estamos listos, convoquemos, entonces, nosotros hacemos la convocatoria”, sostuvo el cardenal.
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A Ortega le deben de divertir las gestiones que hacen los organismos regionales, o el Congreso de Estados Unidos, o los obispos holandeses o quienes sea, para llamar a elecciones (fraudulentas elecciones desde luego como las que realizan en Rusia).
Nicaragua vive la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron en abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.