Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de Reporteros Sin Fronteras (RSF) se encuentra en Nicaragua, para analizar la libertad de expresión y de prensa en la crisis que ha dejado cientos de muertos en protesta contra el presidente Daniel Ortega, informó hoy la organización periodística regional.
La misión de la SIP está conformada por su presidente, Gustavo Mohme, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, y por RSF participa Emmanuel Colombié.
La delegación, que permanecerá en Nicaragua hasta mañana miércoles, sostendrá reuniones con periodistas, diplomáticos, representantes de la sociedad civil, de asociaciones política y de la iglesia católica, para entender el contexto, divulgó la SIP, en un comunicado emitido en Managua.
La SIP repudia represión en Nicaragua y expresa solidaridad
Repudio por los graves hechos de violencia de parte de fuerzas represivas del gobierno contra la población.
Aunque la SIP y la RSF solicitaron entrevistas con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, no obtuvieron respuesta, indicó la organización.
La SIP, compuesta por más de 1.300 publicaciones de América, se mostró “preocupada por la débil situación de las libertades de expresión y de prensa en el entorno de violencia y caos que reina en el país”.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica que ha dejado entre 317 y 448 muertos, la más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente, quien reconoce 198 fallecidos.
Al menos un periodista ha muerto como producto de la crisis de Nicaragua, y otros han denunciado haber sufrido golpes, amenazas, censura, robo y destrucción de bienes, en su mayoría por parte de las autoridades del Gobierno o integrantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Nicaragua lanza campaña para recuperar turismo perdido por crisis
La presencia de hombres civiles, encapuchados y ataviados con armas de guerra, vinculados al Gobierno por los organismo humanitarios y acusados de ejecutar secuestros y "ejecuciones extrajudiciales", han contribuido al cierre del 80 % de los hoteles y la pérdida de más de 70,000 puestos de trabajo
La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que el presidente Daniel Ortega ha negado.
Las protestas contra el presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo comenzaron por unas reformas a la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.