Las muchachas: El servicio doméstico entre la informalidad y la falta de reconocimiento

El servicio doméstico ha sido históricamente una forma común de empleo en los países de Centroamérica, y El Salvador no es la excepción. Este sector, compuesto en su mayoría por mujeres, desempeña un papel fundamental en la economía informal, permitiendo que otras personas puedan dedicarse a actividades fuera del hogar mientras ellas se encargan del cuidado, la limpieza y la organización de las casas. Sin embargo, el trabajo doméstico sigue estando marcado por la precariedad laboral, la falta de reconocimiento y la exclusión de derechos laborales plenos.

En Centroamérica, el trabajo doméstico se caracteriza por largas jornadas, bajos salarios y, en muchos casos, la ausencia de contratos formales. Aunque en las últimas décadas ha habido avances legislativos en varios países, la implementación efectiva de estos derechos continúa siendo un reto. La discriminación por género, clase y, a veces, por origen étnico, ha contribuido a la marginación de este tipo de trabajo.

En El Salvador, según datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, miles de personas se dedican al trabajo doméstico, con una amplia mayoría de mujeres provenientes de zonas rurales o con bajo nivel educativo. A pesar de que la legislación salvadoreña establece ciertos derechos laborales, como el pago del salario mínimo, vacaciones y aguinaldo, muchos empleadores no cumplen con estas obligaciones. Además, la falta de fiscalización hace que las trabajadoras domésticas tengan pocas herramientas para reclamar sus derechos sin temor a perder su empleo.

En algunos casos el empleo doméstico es casi una forma de "esclavitud contemporánea", con un trato indigno, alimentación diferenciada, uniformes, horarios extra limitados, trabajo en vacaciones y feriados, pago mínimo y sin prestaciones, entre otros vejámenes, que incluyen no estar con sus hijos o familias cuando trabajan durmiendo en casa. El capítulo III del Código de Trabajo de El Salvador está destinado al "trabajo doméstico, art. 76 al 83, y en él se establece que no está sujeto a un horario…

Según la EHPM 2023, 133,220 personas trabajan en empleos domésticos en hogares, 6,652 son hombres (jardineros, motoristas, etc.) y 126,569 mujeres. 18,764 son analfabetas, 60,428 tienen entre 1º y 6º grado, 27,339 más de 10 grados de escolaridad. Por otro lado, según el VII Censo de Población y VI de Vivienda, la ocupación "empleado doméstico" es ejercida por 86,398 personas. Con un ingreso promedio según las características y escolaridad puede oscilar entre US$ 208.08 y US$ 269.40.

Uno de los mayores desafíos es la informalidad. Muchas trabajadoras no tienen un contrato escrito, lo cual dificulta la protección legal. Tampoco cotizan a la seguridad social, lo que las deja vulnerables en caso de enfermedad, embarazo o vejez. En este contexto, las organizaciones de mujeres y de derechos laborales han sido clave para visibilizar esta problemática y presionar por reformas.

A nivel regional, algunos países como Costa Rica han dado pasos significativos para dignificar el trabajo doméstico, incluyendo la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece normas básicas para el empleo doméstico. En El Salvador, aunque se han hecho esfuerzos por ratificar este convenio, aún no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa, lo cual retrasa el proceso de equiparar los derechos de las trabajadoras domésticas con el resto de la población laboral.

Es importante destacar que la pandemia de COVID-19 agravó la situación del sector. Muchas trabajadoras perdieron sus empleos o fueron despedidas sin compensación, lo que evidenció la fragilidad del sistema de protección laboral. Sin embargo, también impulsó la discusión sobre la necesidad urgente de reformas estructurales.

En síntesis, el servicio doméstico en Centroamérica y El Salvador continúa siendo un sector esencial pero desprotegido. La formalización, la ratificación del Convenio 189 de la OIT y la educación tanto de empleadores como de trabajadoras son pasos fundamentales para garantizar condiciones laborales dignas y justas. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más equitativa y respetuosa de los derechos humanos.

Informalidad, violencia y migración

El Código de Trabajo define a los trabajadores del servicio doméstico como aquellos que realizan labores propias de un hogar, sin fines de lucro para el empleador. En teoría, existen derechos laborales: Incluyen salario mínimo, aguinaldo, vacaciones, descanso, y otras prestaciones. En la práctica esto no sucede…

Como se anotó anteriormente, gran parte del trabajo doméstico se realiza de manera informal, lo que impide el acceso a derechos y protección social. La mayoría de las trabajadoras domésticas no están afiliadas al Seguro Social, lo que las deja desprotegidas ante enfermedades y otras eventualidades. La falta de reconocimiento legal y la informalidad facilitan la explotación laboral, incluyendo largas jornadas, bajos salarios y condiciones de trabajo peligrosas.

Se han realizado esfuerzos para formalizar el trabajo doméstico y garantizar el acceso a derechos laborales y seguridad social, incluyendo la inclusión en el salario mínimo y la promoción de la afiliación al seguro social. Pero han quedado en promesas

La violencia de género es un problema significativo en el ámbito del trabajo doméstico, y se están implementando medidas para prevenirla y proteger a las trabajadoras. En resumen: Aunque existe un marco legal para el servicio doméstico en El Salvador, la realidad a menudo muestra vulnerabilidad, informalidad y falta de protección de los derechos laborales de las trabajadoras.

Asimismo, miles de salvadoreños, especialmente mujeres, se dedican al servicio doméstico en Estados Unidos, muchas veces en condiciones aún más vulnerables debido a su estatus migratorio irregular. Aunque contribuyen de manera importante al cuidado de personas mayores, niños y hogares en general, enfrentan discriminación, explotación y falta de protección legal. En ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Washington D.C., existen redes comunitarias y organizaciones como la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar (NDWA, por sus siglas en inglés), que buscan empoderarlas y luchar por sus derechos, aunque los avances varían según el estado y las leyes locales.

En conclusión, las personas que trabajan en el servicio doméstico enfrentan una serie de problemas estructurales que vulneran sus derechos laborales y humanos. La mayoría labora en condiciones de informalidad, sin contratos escritos ni acceso a seguridad social, lo que las deja desprotegidas ante enfermedades, accidentes o despidos injustificados. Además, suelen recibir salarios bajos, muchas veces por debajo del mínimo legal, y en algunos casos se les paga en especie, sin una valoración justa. Las jornadas extensas, especialmente en trabajos de tipo "cama adentro", dificultan el descanso adecuado y eliminan la frontera entre vida laboral y personal. A esto se suma la exposición a distintos tipos de abusos, incluyendo violencia verbal, física o sexual, en un entorno donde la denuncia es difícil y los mecanismos de protección son escasos. La discriminación por razones de género, clase y origen también marca profundamente esta labor, que históricamente ha sido desvalorizada. Muchas trabajadoras, especialmente jóvenes o migrantes internas, ven limitado su acceso a educación, formación técnica o movilidad laboral. Aunque hay avances legales, como la inclusión parcial en el Código de Trabajo, aún falta voluntad política para aplicar plenamente normas internacionales como el Convenio 189 de la OIT, dejando a miles de trabajadoras en una situación de vulnerabilidad cotidiana.