Cientos de muertos bajo custodia estatal durante el régimen

La fatídica cifra de 425 muertos bajo custodia penitenciaria, durante los 40 meses del estado de excepción según el Socorro Jurídico Humanitario, conmueve  y horroriza a los salvadoreños.

La última víctima se registró en el penal de Mariona —irónicamente llamado “La Esperanza”— y es un joven procesado por delito común: “no pudo justificar con factura $900 dólares que traía de Guatemala: lápiz de labios, rubores, sombras, productos de belleza en general, sólo llevaba recibo, por eso lo dejaron detenido”, informó el SJH, en la red X, el pasado 7 de julio.

El joven murió 44 días después de su captura y, según el Socorro Jurídico, “lo torturaron y negaron tratamiento médico” en la prisión.

Este es uno de los reos que no han tenido derecho a un debido proceso porque el régimen ha jurado que “ninguno volverá a salir en libertad”, condenando a priori, sin tener facultad constitucional para hacerlo y sin que medie un juicio con arreglo a las leyes.

En la misma condición se encuentran los abogados constitucionalistas Ruth López y 

Enrique Anaya, así como otros presos de conciencia que eran críticos agudos contra el sistema, la corrupción y la impunidad.

El mismo gobierno ha tenido que reconocer que tuvo que liberar a ocho mil capturados porque no tenían que ver con pandillas, pero los mantuvo incomunicados durante meses, fueron víctimas de malos tratos y perdieron sus trabajos y reputación. Otros perdieron la vida y en la mayoría de los casos se alegó “un edema pulmonar como causa de muerte”, aunque organismos internacionales no descartan que haya torturas.

Ciertamente, los salvadoreños sufrieron durante décadas por el embate de las pandillas, pero esto no justifica negarle el derecho de audiencia y defensa a nadie y menos a inocentes. Es un principio básico del Estado de Derecho y la pronta y cumplida justicia y es increíble que en pleno siglo XXI sucedan estos castigos medievales.

Muchos aprueban estos métodos inhumanos y antijurídicos, más cambian de parecer cuando los tocan a ellos o a sus familias, según revelan encuestas, pero este horror debería de ser motivo de rechazo por el solo hecho de aplicarse.

Es evidente que caer en este sistema es arriesgarse a una muerte a pausas.

Antes las dictaduras masacraban impunemente a manifestantes en las calles,  asesinaban, secuestraban o desaparecían a críticos. Ahora, como se puede ver en Venezuela, Cuba y Nicaragua, son más sutiles: capturan y van aniquilando a pausas a sus oponentes, además de enviar un “mensaje” de esa forma al resto de la población.

De los gulags salvadoreños al “Alcatraz de los Cocodrilos”

No deja de asombrar también el grado de brutalidad empleado en las redadas contra inmigrantes, que sólo ha sido moderado un poco por la presión de jueces federales, aunque sigue habiendo aberraciones jurídicas como la deportación de 252 venezolanos a los gulags salvadoreños —ya devueltos a Venezuela después de cuatro meses de incertidumbre— o el cuestionado proceso contra Kilmar Abrego García o el intento de deportación de inmigrantes a un reino perdido del cuerno de África.

Los abogados y activistas que los defendían denunciaron  en su momento que no tenían derecho a llamarlos ni a visitarlos, ni pruebas de que estuvieran vivos, ni siquiera les dieron una lista oficial de nombres de los que algunos funcionarios consideraban estaban en un “alojamiento carcelario”.

Causan también indignación y horror las denuncias de senadores demócratas sobre las condiciones del “Alcatraz de los Cocodrilos”, un campo de concentración de inmigrantes en Florida, rodeado de pantanos con lagartos y plagas de mosquitos y donde los cautivos reciben comida podrida, según se denunció o nada.

No cabe duda de que, más que buscar castigar a criminales, algunos gozan patológicamente con causar daño profundo a inocentes.